Los abogados se adelantan a Gallardón en la mediación

El Real Decreto Ley de Mediación (RDLM) terminará la tramitación parlamentaria en las próximas semanas. Antes de que se articule definitivamente la norma, los grandes despachos españoles se han avanzado a los requerimientos del ministro de Justícia, Alberto Ruíz-Gallardón, y han impulsado a los letrados que se encargaban de estos procedimientos legales alternativos.

“Avanzamos en la formación de algunos profesionales. Tanto a nivel interno como participando en cursos, como ponentes o receptores”, explica a Economía Digital el abogado del despacho Garriegues y profesor de derecho en Esade, Juan Pablo Correa. Este bufete se inició en la mediación en 2007, pero en los últimos años casi siempre ha actuado como representante de una de las dos partes en el conflicto. Lo mismo ocurre en el bufete Cuatrecasas Gonçalves Pereira, que puso el primer pie en este campo en octubre de 2007.

En Uría Menéndez, consideran “conveniente lograr la acreditación en esta área”. Por ello, en el despacho ya hay personas con “la acreditación CEDR (Center For Effective Dispute Resolution), una de las instituciones más reconocidas en materia de formación de mediadores en el ámbito comercial”. Y es que el RDLM de Gallardón impulsa la resolución de conflictos por esta vía especialmente entre empresas, ya que en los casos de familia es más habitual. Incluso permitirá que las cámaras de comercio ejerzan de mediadores.

Oportunidad de negocio

El socio de lo contencioso Juan Antonio Ruiz de Cuatrecasas es uno de los letrados más destacados de la mediación en España. Derriba una reticencia importante entre los abogados: la supuesta pérdida de clientes y honorarios si se universaliza la mediación. “La experiencia americana nos dice lo contrario. Hay clientes, sobre todo empresas, que prefieren pagar más para resolver un problema en 15 días que en 14 meses”.

Asimismo, asegura que intentar llegar a un acuerdo entre todas las partes “es una oportunidad de negocio”. Además de resolver el conflicto, se pueden detectar nuevos espacios de colaboración. Una valoración que comparte con la diputada de la junta de gobierno del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) y responsable del CemIcab (la apuesta del Col·legi en mediación), Elena Moreno. “La sentencia de un juez siempre será la defensa de una de las dos partes, mientras que en la mediación siempre se llega a un punto en común”, añade.

Carrera profesional

El ICAB juega un papel importante en formar a mediadores, una de las grandes carencias en España. Son las partes las que eligen qué persona tutelará el proceso y, hasta la fecha, en la mayoría de casos mercantiles llaman a la puerta de profesionales extranjeros.

Existe un consenso general para reclamar a Gallardón más claridad en la definición de la carrera del mediador. “No se concreta qué formación debe tener. Nosotros defendemos que es indispensable cualquier titulación de grado (título universitario)”, afirma Moreno. Ruiz añade otra característica, para él también necesaria: “Una base mínima en derecho de obligaciones y contratas”.

Desde el bufete Uría Menéndez, también puntualizan que en el título del RDLM en el que se habla del procedimiento de la mediación, “las disposiciones del mismo son salvo acuerdo o pacto contrario de las partes. Esto debe ser sobrentendido”. Recuerdan que en los principios informadores de la mediación ya se establece que se organizará “según el modelo que las partes tengan por conveniente”. En este sentido, reclaman “una mención más explícita al posible pacto o acuerdo de las partes en los artículos propios del procedimiento”.

Más interés

Los profesionales afirman que el interés por la mediación se ha disparado en las aulas. “Aunque suene a tópico, el gran reto en España es crear la cultura de la mediación”, declara Correa. En Esade, en línea con el resto de facultades de derecho del país, se han reforzado las asignaturas sobre medios alternativos de resolución de conflicto. “Ahora hay más interés entre los alumnos”, reconoce el letrado.

También ha crecido en el ICAB. “Incluso hay empresas que nos piden firmar convenios para que realicemos sus servicios de mediación”, comenta Marco.