Ley de blanqueo: la banca tendrá que detectar a testaferros

Europa ha obligado a España a endurecer su normativa laxa sobre el blanqueo de capitales y, desde ahora, la banca y los consultores implicados en operaciones como ampliación de capitales deberán hacer más averiguaciones sobre la procedencia lícita del dinero.

Cualquier juez puede exigir responsabilidades en el caso que se detecten casos de blanqueo. Así, la responsabilidad no sólo recaerá en el empresario que lava el dinero, sino también en todas las empresas y despachos profesionales que, por acción u omisión, lo han permitido.

España acaba de traspasar la cuarta directiva europea de blanqueo de capitales que endurece las sanciones y exige mayores responsabilidades a las entidades y profesionales que participan en operaciones de crédito, fusiones, compras de activos, transferencias o ampliación de capital, entre otras.

De las lavanderías a las pymes

La ley española contra el blanqueo de capitales de 2010 acaba de ser modificada para incluir los principios fijados por la directiva europea. Los criterios son más estrictos, las responsabilidades se amplían y, sobre todo, las sanciones se disparan para los responsables de blanqueo. Las multas saltan desde los 600.000 euros para las sanciones graves hasta los 10 millones de euros o incluso el 10% de la facturación anual de las empresas. 

“Se ha acabado la excusa de que ‘yo no sabía’ o ‘yo no podía saber’. Las operaciones con capitales procedentes del extranjero también deben ser vigiladas con mayor cuidado, especialmente en la lista de países considerados como más proclives al financiamiento del terrorismo”, explica Joao Corado, director de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento en España y Portugal de Refinitiv, antigua unidad de negocio Financial & Risk de Thomson Reuters.

En el siglo pasado, el histórico gánster Al Capone levantó una red de lavanderías que le permitía a los mafiosos de la época invertir el dinero de sus actividades ilícitas en negocios legales. Desde entonces, los mecanismos han ido mutando y perfeccionándose. Desde los grandes bancos, cada vez más regulados, los casos de blanqueo detectados han seguido el patrón del camuflaje mediante empresas cada vez más pequeñas y con cantidades inferiores.

Las sanciones han ido en aumento, aunque los avances aún parecen insuficientes. En 2008, apenas 46 personas fueron enjuiciadas por blanqueo de capitales. La cifra se disparó hasta más de 300 personas en 2015, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Y las imputaciones y condenas podrían ir en aumento en los próximos meses. 

Los legisladores europeos buscan endurecer las leyes, aunque el blanqueo pueda ir, muchas veces, por delante de los avances judiciales. Para la presentación de las cuentas anuales en el registro mercantil de 2017, las empresas deberán declarar la identificación del titular real de la sociedad, una medida de fiscalización adicional.  “Están sujetas a esta nueva obligación de identificar al titular real todas las personas jurídicas domiciliadas en España que depositan cuentas anuales individuales, incluidas las pymes”, añade Corado.

Ahora, cualquier empleado de una entidad bancaria o financiera debe tener mecanismos a su disposición para denunciar operaciones directamente a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, Sepblac, tal como advierte el despacho de abogados Uría Menéndez.

El despacho destaca que, con la nueva normativa, se incrementan notablemente las sanciones en las infracciones muy graves y graves. Y las sanciones no sólo están dirigidas a los empresarios responsables de la infracción, sino también al experto externo. Los bancos, consultores y auditores tendrán responsabilidad en los futuros delitos de blanqueo de capitales.

Las grandes auditoras y consultoras prefieren no afrontar el tema del blanqueo. Es un asunto espinoso que las grandes como Ernst and Young o Accenture prefieren no abordar. Prefieren no detallar las medidas que deberán tomar, ni los costes que tendrán que asumir para evitar responsabilidades en este tipo de delitos. 

A pesar del silencio y la discreción de las grandes compañías, el próximo año, España deberá la quinta directiva europea para endurecer la lucha contra el blanqueo. Entonces, la ley también regulará monedas virtuales y juego online.