Así beneficia la Ley de Contratos a Iberdrola, Endesa y Naturgy en grandes licitaciones

La Ley de Contratación Pública esconde diversas singularidades. Entre ellas, destaca la limitación temporal para los contratos (4 años). En el caso eléctrico, por ejemplo, esto limita ese acceso a la firma de acuerdos a largo plazo (10-15 años), conocidos como PPA. Eso, aparte de no permitir un ahorro de costes considerable, también cercena la competencia, sobre todo, cuando se necesitan un gran volumen de energía.

De esta forma, y de manera directa, grandes energéticas del sector como Iberdrola, Endesa y Naturgy son las principales beneficiadas de que en España la administración pública no pueda contratar PPA para sus necesidades energéticas. Esta situación se refleja cuando las exigencias de consumo son muy abundantes.

En concreto, según explica a ECONOMÍA DIGITAL el director de Ventas e Innovación de Solarpack, Iván Nieto, lo que en estos momentos sucede con la contratación de electricidad es que la administración pide un contrato tradicional a una comercializadora, solo que de tres o cuatro años, y exigen una cantidad de energía muy grande. Es decir, no se trata de un PPA financiero, que sería lo lógico en suministros a largo plazo, sino que se hacen contratos, como pudiera ser un residencial, que está indexado a los precios diarios.

Esta situación, tal y como aclara el directivo de Solarpack, tiene una consecuencia directa: «Se está restringiendo el mercado para las empresas comercializadoras, y, en concreto, a las grandes. Primero, porque tienes que ser un comercializador para hacer la entrega de la energía desde el punto físico al cliente. Y si se quiere comprar mucho, una comercializadora pequeña no tiene esa energía».

Un ejemplo de esta situación lo representa una de los contratos de suministro eléctricos más grandes de España: el de Adif. La ganadora ha sido Endesa. Básicamente, porque no hay comercializadora mediana o pequeña que pueda afrontar la entrega de más de 2.000 GWh al año, durante tres años.

Ese mismo ejemplo se aplica en otro tipo de contratos donde algunas compañías de menor tamaño, como es el caso de Nexus Energía, pueden hacerse con ciertas licitaciones. Caso de Navantia, que deben servir poco más de 100 GWh al año. En esos casos sí es menos restrictiva la situación. Pero en el momento que hay una necesidad mayor, todo vuelve a quedar en manos de Iberdrola, Endesa, Naturgy, o actores también de gran tamaño como Repsol o EDP España.

La situación, como explica Iván Nieto, es clara. Una comercializadora pequeña no puede generar esa energía y, lo que es igual de problemático, no puede ir al mercado a por ella, porque es posible que financieramente también tenga dificultados para su acceso. De esta manera, los grandes contratos siempre quedan en pocas manos. También porque tienen el músculo económico para forzar los márgenes.

Otros problemas de la Ley

Junto a esta restricción de competidores, otro de los grandes problemas tiene que ver con los precios. Y es que, la energía se ha convertido en uno de los principales costes para las empresas. Sobre todo, tras la guerra de Ucrania que ha provocado una crisis de precios en los mercados internacionales.

Sin embargo, gracias a algunas tipologías de contratación, principalmente, los contratos a largo plazo (PPA), se puede amortiguar el impacto. Algo que no puede hacerse en la administración pública española por las restricciones de la Ley de Contratos. Una situación que provoca el sobrecoste de cientos de millones cada año.

En concreto, el periodo máximo para la oferta de contratos públicos es de cuatro años más posibles prórrogas. Esto supone que algunos de los grandes consumidores eléctricos públicos, como son Adif o Aena, no puedan firmar PPA a largo plazo (10-15 años) con empresas energéticas o productores de energía. Esta situación provoca un encarecimiento que puede llegar a ser del 20%-30%, según ha podido confirmar ECONOMÍA DIGITAL con diversas fuentes.