¿Ley contra el fraude fiscal o golpe de gracia para las pymes?

Marcos S. (nombre ficticio) abrió hace un año y medio una pequeña consultora de nuevas tecnologías que ya da empleo a dos personas. Deja la contabilidad de su microempresa en manos de una gestora externa, aunque prepara el papeleo él mismo para ahorrar en el servicio. Reconoce que Hacienda le envió un requerimiento de más información en su primer ejercicio: le faltó adjuntar en la declaración varias facturas de “material de oficina y tres ordenadores” que desgravó y tardó “un poco” en encontrar. Al final, las localizó y remitió a la Agencia Tributaria en el segundo aviso.

A partir del pasado 30 de octubre, con la nueva Ley contra el fraude fiscal si a Marco S. se le olvida de nuevo algún documento, tendrá que pagar una multa de 1.000 euros. Si no puede cumplir los plazos de entrega de información previstos en la regulación, la sanción puede alcanzar los 10.000 euros. Una cantidad que asegura que no puede pagar y que llevaría su pequeño negocio a la ruina.

Afán recaudatorio

Las patronales de las pequeñas empresas y varios gestores ya han cargado contra la nueva ley del PP. Comparten una opinión: a la hora de estipular sanciones, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha olvidado de perseguir la economía sumergida y sólo se centra en recaudar.

“Las pymes no tienen capacidad de respuesta ante un requerimiento de Hacienda. No pueden hacer que una o dos personas trabajen por ello, bloquea la oficina”, afirma el asesor fiscal Juan Antonio Sánchez Carreté. Asegura que el Ejecutivo popular ha hincado la rodilla ante los sectores más beligerantes de los inspectores de la Agencia Tributaria y que esta parte de la norma sólo se centra en recaudar más a los que sí hacen su declaración cuando toca. “No sirve para perseguir el fraude fiscal”, sentencia.

La patronal de las pequeñas y medianas empresas en Catalunya, Pimec, recuerda en un comunicado que la mayoría de faltas de estos empresarios son “por errores administrativas u omisiones de los contribuyentes”. “Ahora se castigan de forma exagerada”, añade. En algunos casos se multiplican las multas por diez y pueden llegar a convertirse en una sanción de 600.000 euros.

Aprobación sin negociar

El PP aprobó la ley para perseguir el fraude fiscal sin aceptar las alegaciones que otros partidos y organizaciones empresariales habían puesto sobre la mesa. Entre ellas, la enmienda de Foment del Treball para que la petición de información de Hacienda fuera proporcional al tamaño de la empresa. Precisaments, para evitar el colapso al que hacía referencia Sánchez Carreté. Otras iniciativas querían que las sanciones fueran proporcionales al delito y al tipo de compañía. Pero todas ellas corrieron el mismo destino: fueron desestimadas.

Tras la publicación de la normativa, los implicados esperan que los inspectores de Hacienda sólo impondrán multas en los casos en los que quede claro que se intenta obstaculizar la ley y no si hay buena voluntad por parte del empresario.