El farol del Gobierno: su ‘ley antiferrovial’ no sirve para evitar casos como el de Ferrovial
Una directiva de la Unión Europea tiene como objetivo facilitar la movilidad de las empresas entre los Estados miembro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/EPA/KIMMO BRANDT
La ya bautizada como Ley ‘anti Ferrovial’ podría no ser útil para evitar futuras deslocalizaciones, como la recientemente impulsada por el grupo de la familia del Pino, o al menos no serviría si el traslado se realiza a otro país de la Unión Europea. Este jueves, el Congreso de los diputados ha dado luz verde a una enmienda que se incluirá en la futura Ley de Industria por la que exigirá a las empresas que reubiquen su actividad devolver los fondos públicos otorgados en un periodo de tiempo aún por determinar, con el objetivo de frenar deslocalizaciones.
Sin embargo, el escueto texto inicial ya podría contradecir una normativa de la Unión Europea que busca facilitar la restructuración de las sociedades de forma igualitaria entre los estados miembro. Todo dependerá de cómo se acabe desarrollando la legislación estatal y los matices que introduzca, pero a primera vista, el objetivo de la propuesta impulsada por Bildu, que ha salido adelante tras llegar a un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos, podría chocar de frente con la Directiva 2019/2121 de la comunidad.
Por ahora, los dos párrafos que configuran el texto piden al Gobierno “condicionar la recepción de apoyo y ayudas públicas por parte de empresa a que no haya reubicación o deslocalización de la actividad, estableciendo por Ley el reintegro del apoyo o las ayudas públicas recibidas de producirse esta situación durante un determinado periodo de tiempo”. Justo después, la normativa dice: “Teniendo en cuenta la jurisprudencia y normativa de la Unión Europea”. En un mercado único, Bruselas se decanta por defender la libertad de movimiento de las empresas, algo que queda claro en su directiva aprobada en 2019 sobre las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas.
El principal objetivo de esta es facilitar el movimiento de las empresas tanto dentro de las naciones, como entre los 27 países miembros, algo que considera «un derecho». Su fin es crear un marco jurídico uniforme e igualitario para el ámbito comunitario para aminorar los problemas derivados de la falta de regulación. La directiva se limita a establecer los pasos a seguir para trasladar la sede de un país a otro, como pretende hacer Ferrovial, para evitar deslocalizaciones fraudulentas o realizadas para esquivar la redención de cuentas fiscales, mientras que busca evitar perjudicar a los socios, los empleados o los acreedores.
Una «libertad» para las empresas
“La libertad de establecimiento constituye uno de los principios fundamentales del Derecho de la Unión. […] El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado que comprende también el derecho de una sociedad o empresa constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro a transformarse en una sociedad o empresa sometida a la legislación de otro Estado miembro, siempre que cumpla los requisitos establecidos por la legislación de ese otro Estado miembro y, en particular, el criterio adoptado por este para establecer los puntos de conexión de una sociedad o empresa con su ordenamiento jurídico nacional”, expone la directiva. O, en otras palabras, todo dependería de la legislación del Estado receptor.
De esta forma, condicionar la recepción de ayudas públicas a que las empresas deslocalizadas podría toparse con la libertad de movimiento de las compañías establecida por el Parlamento y la Comisión Europea. La directriz hace alusión directa a subvenciones, aunque solo es para pedir que los consejos de administración y dirección de la empresa incluyan si recibieron “cualquier tipo de incentivo o subvención en el Estado miembro de origen en los últimos cinco años” en el proyecto de transformación transfronteriza, la nomenclatura que usa para hablar de traslado de sede.
La Directriz 2017/1132 ya ha supuesto un problema para el Gobierno. Este lunes, la Comisión Europea informó de la apertura de un expediente sancionador contra España por no cumplir el plazo expirado el 31 de enero para transponer a la legislación nacional esta normativa. La UE dará dos oportunidades más a España, alargando los plazos para resolver esta situación antes de decidir si interponer una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Desde que Ferrovial anunció su intención de trasladarse a los Países Bajos, el Ejecutivo español ha ido dando bandazos para intentar parar su marcha. De hecho, la idea inicial de impulsar una ley para que las empresas que deslocalicen su sede tengan que devolver las ayudas públicas fue de Unidas Podemos, en una normativa donde incluiría los ERTEs.
Calviño trabaja con la CNMV y BME
«Los españoles y las españolas salvamos con dinero público de nuestros impuestos a Ferrovial durante la pandemia mediante el mecanismo de los ERTEs, por poner tan solo un ejemplo de las múltiples ayudas públicas que ha recibido esta multinacional a lo largo de las últimas décadas», apuntó el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique.
Por su parte, Nadia Calviño trabaja con la CNMV y BME para lograr que las empresas españolas puedan cotizar directamente en Wall Street, algo que ahora solo pueden hacer de forma indirecta, y uno de los motivos del traslado de la empresa a Países Bajos. A esto, la compañía de infraestructuras indicó que ninguna sociedad española cotizada ha negociado nunca sus acciones en los mercados de Estados Unidos solo a través de los llamados ADR (American Depositary Receipt), un certificado que permite comercializar esas acciones.
En cualquier caso, el Gobierno va tarde: los accionistas de Ferrovial tomarán una decisión en la próxima junta programada para el jueves 13 de abril, cuando decidirán si fusionar Ferrovial y su filial neerlandesa Ferrovial International, oficializando el traslado.
