Las quitas de deuda, en boca de todos

Son muchas las voces acreditadas que, desde dentro y fuera de España, venían desde hace tiempo poniendo el énfasis en la necesidad de que se afrontase una quita de la deuda privada porque, en muchos casos, al no poderse pagar, lo único que está haciendo es retrasar la salida de la crisis.

Se trataría con ello de asumir, de una vez por todas, la realidad de contabilizar los activos a un precio real, algo que se había venido evitando desde el comienzo de la crisis, con una ristra de refinanciaciones o de convenios concursales que no habían servido para nada porque, al final, tanto en un caso como en otro, las empresas habían incumplido los acuerdos al no poder afrontar los pagos financieros convenidos.

Casi dos billones de deuda privada

Hablamos en estos momentos de una deuda privada de 1,9 billones de euros, el doble del PIB, de los que las familias –en su mayoría, un 77%, en forma de préstamos hipotecarios para compra de vivienda– adeudan 820.000 millones de euros, y las empresas, tanto financieras como industriales, algo más de 1,1 billones de euros. Si sumamos el ya casi billón de euros de la deuda de las Administraciones Públicas, el endeudamiento total se eleva hasta los 3 billones de euros.

Al final, el Gobierno parece haberse dado por enterado, y la reforma de la ley concursal que acaba de aprobar avala acuerdos del 51% de los acreedores para esperas de hasta 10 años, reestructuraciones, quitas sin límites y conversiones de deudas en capital o en préstamos participativos o en dación en pago o recibir bienes o derechos en pago.

Aval del 60% de los acreedores

Además, una parte del valor del crédito de acreedores con garantía real puede ser avalada con el 60% de los acreedores para esperas de hasta 5 años y, con el 75% de acuerdo, se permiten esperas de más de 5 años con un tope de 10, quitas y conversiones de crédito, deuda y cesiones de bienes en la parte del crédito que no cubra la garantía.

Al margen de la deuda pública y la de las familias, el decreto de refinanciación y reestructuración de deuda de las empresas ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se acometen quitas sin límites, de cara a facilitar la viabilidad de empresas que, a pesar de su fuerte apalancamiento, tienen bases productivas para salir adelante.

Impacto

Y al hablar de quitas, lo primero que cabe plantearse es el interés y el margen que tienen cada una de las entidades financieras, tanto españolas como extranjeras, para asumirlas.

Desde el Banco Santander, su consejero delegado, Javier Marín, se ha apresurado a señalar que la medida era necesaria y que el impacto no será significativo, dejando entrever que, en muchos casos, las cuantiosas provisiones aportadas cubrirían la casi totalidad de las deudas potencialmente condonables. Ahora, habrá que ver, en la práctica, hasta qué nivel de quitas se llega a asumir, sin que las cuentas se resientan en exceso.

Dejando a un lado los 25.000 millones de euros de créditos hipotecarios dudosos, las empresas acumulaban, hasta finales de enero, cerca de 175.000 millones de impagos. Serían en los que, en buena medida, se centrarían estas quitas.

Autopistas, primera quita relevante

La primera oportunidad de asunción de quitas se la ha puesto en bandeja el Gobierno a la banca, con el plan diseñado por Fomento y refrendado por Hacienda, para evitar ir a la liquidación definitiva de una decena de autopistas de peaje en quiebra.

Antes del próximo lunes, las entidades financieras deberán o no aceptar el plan, que pasa por nacionalizar estas vías a cambio de una quita de más del 50% de los 4.600 millones de euros que adeudan las concesionarias, de manera que el Estado solo reconocería un apalancamiento de poco más de 2.300 millones, que cobrarían con un bono a 30 años y el 1% de interés.

Vendrán muchas más. El decreto del Gobierno ha retrasado algunas decisiones que ya estaban prácticamente tomadas, como la de la adhesión, por parte de la Junta de Acreedores de Renta Corporación, al convenio concursal presentado por la compañía. Se iba a votar el pasado viernes, pero al final se ha pospuesto hasta el próximo 9 de mayo de cara a obtener prácticamente la adhesión total de los acreedores financieros a los que la compañía presidida por Luis Hernández de Cabanyes adeuda 160 millones de euros.