Las pequeñas patronales sucumben por los impagos y recorte de subvenciones

Los recortes empresariales también están pasando factura a las actividades patronales. Las grandes asociaciones de compañías sufren el impago y la merma de asociados, pero las pequeñas asociaciones afrontan una situación mucho peor: el concurso de acreedores y la liquidación.

Una de las últimas patronales en terminar en los juzgados mercantiles ha sido la Confederación Española de los Empresarios de la Madera, que ha entrado en concurso de acreedores en el juzgado mercantil número cuatro de Madrid. La drástica caída en la venta de muebles, uno de los principales negocios del sector, ha dejado a la agrupación fundada en 1977 erradicó a un buen número de asociados.

El revés fue precedido por el concurso de acreedores de marzo pasado por la patronal de la madera de Córdoba Unemac. La asociación, que reconoció un pasivo acumulado de más de medio millón de euros hace dos años, tuvo que retirarse de la Confederación de Empresarios de Córdoba, CECO y de la CEOE, según explican fuentes del sector.

Cierres en la Comunidad Valenciana

Este año también ha entrado en concurso de acreedores la Asociación Intersectorial de Pequeños y Medianos Autónomos, Agapymet, con representación en varias comunidades autónomas. El traspié de la organización empresarial estuvo presidida el año pasado con cuatro cierres patronales en la Comunidad Valenciana: la Federación Castellonense de la Pequeña y Mediana Empresa, Pymec, Pymecoop de Benicarló, la Asociación Provincial de Empresas de Comercio de Castellón y la Federación de Comercio Artesano de Villareal.

La reducción en el número de asociados y los impagos de las subvenciones que había comprometido la Generalitat Valenciana precipitaron el cierre de las asociaciones que debieron traspasar sus competencias a las cámaras de comercio provinciales.

Patronal andaluza en crisis

Los cierres empresariales también han afectado a las grandes patronales como la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, la tercera de España después de Foment de Treball en Catalunya y CEIM en Madrid.

Los empresarios andaluces, afectados por un menor número de asociados, negocian una hipoteca de su sede por 8,5 millones de euros con un pool bancario con el propósito de poner en orden sus cuentas. La anterior cúpula, capitaneada por el empresario Santiago Herrero, está imputada por estafa y salpicada por los escándalos de corrupción de los cursos de formación. La actual junta directiva intenta concluir un profundo proceso de refundación.