Las patronales reclaman a Rajoy que fije el mecanismo de pago a los proveedores

Los proveedores con facturas pendientes de las administraciones locales que se incluyan en el plan de saneamiento del Gobierno no empezarán a cobrar hasta mayo. Pero casi un mes después de publicar el decreto ley en el que se fijaba un mecanismo para reconocer los impagos, las patronales reclaman al presidente Mariano Rajoy que detalle en qué orden se empezarán a liquidar las facturas pendientes.

El secretario general de Pimec, Antoni Cañete, propone un proceso que para él es “sencillo y transparente”: que se tenga en cuenta la antigüedad de la deuda y el volumen de facturación total del proveedor con las entidades locales. En este sentido, recuerda que existen muchas compañías en el alambre por la morosidad de los ayuntamientos españoles. En la operación financiera impulsada por el PP, se ha reconocido una deuda de 9.500 millones de euros. Aunque algunas empresas ya han denunciado que los impagos podrían superar los 17.000 millones.

Cañete también rehúsa cualquier opción que implique una quita, tal como se planteó en un primer momento en los pasillos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, encabezado pro Cristóbal Montoro. “Renunciar a los intereses, que son del 9%, ya es una quita”. Aunque esta opción parece ser que se ha quedado en agua de borrajas.

Plan de ajuste

Sobre el plazo de cobro, la norma de Rajoy dice que en la primera quincena de mayo los plenos de los ayuntamientos aprobarán la formalización de las operaciones de crédito correspondientes. Eso sí, siempre que Montoro dé su aprobación al plan de ajuste presentado por la corporación.

Se trata de una hoja de ruta que los ayuntamientos que se han suscrito al plan podrán presentar hasta el próximo viernes, 31 de marzo. Entonces, el Ministerio tendrá otro mes para dar luz verde o rechazar al plan de ajuste.

Comprobación

Los gobiernos locales también serán los encargados de establecer un procedimiento para que los proveedores puedan comprobar si las facturas se han remitido al Ministerio de Hacienda. “Es muy importante que los proveedores reclamen el certificado individual si la factura no está en la relación”, afirma el morosólogo Pere Brachfield. En el caso contrario, no cobrarán.

“Lo bueno del decreto ley es que incluye el silencio administrativo positivo. Si el ayuntamiento no responde a la petición, se interpreta que la factura sí se ha remitido a Madrid”, añade. Por otro lado, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) recuerda que los acreedores de las entidades locales podrán solicitar la inclusión y posterior remisión al Ministerio de sus impagados en los primeros cinco días hábiles de abril y mayo.

Agencia Tributaria

De hecho, entre el 2 de abril y el 8 de mayo los ayuntamientos podrán consultar a la Agencia Tributaria la situación real del volumen de sus impagos. En el caso de que se tenga que modificar el importe o identificar situaciones especiales (concursos de acreedores, pagos ya abonados, etc.), las corporaciones tendrán entre el 23 de abril y el 8 de mayo para hacerlo. 

En el caso de que no se agote la dotación que el PP ha dado al plan de saneamiento (unos 17.000 millones de euros), los cinco primeros días hábiles de junio y julio los ayuntamientos españoles podrán incluir más facturas impagadas en el plan. Eso sí, la operación vencerá el 31 de diciembre de 2012, se haya terminado el presupuesto o no.

Cuando se liquiden los impagos, los ayuntamientos podrán endeudarse de nuevo por el importe equivalente a dichas facturas. Eso sí, cualquier crédito que hagan tendrá que recibir el visto bueno del pleno.