Las grandes petroleras, en pie de guerra contra el Gobierno
Malestar en Repsol, Cepsa y BP ante los informes que los culpan de la falta de competencia en el mercado de carburantes
Las grandes petroleras españolas han dicho basta. Los repetidos ataques del Gobierno, ya sea desde el ministerio de Industria, Energía y Turismo o desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que les acusan de dificultar la competencia, han provocado malestar en las grandes petroleras, que se sienten perseguidas y discriminadas, ya que consideran que otros sectores con mayor concentración tienen mejor trato por parte del Gobierno.
Uno de los primeros caballos de batalla del actual ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, fue introducir cambios en la ley de Hidrocarburos para favorecer la competencia de estaciones de servicio. La principal medida fue frenar la apertura de gasolineras de las principales petroleras, Repsol, Cepsa y BP, las únicas que tienen refinería propia y controlan toda la cadena de valor, aunque con especial incidencia para Repsol.
Naturalmente, esta medida no sentó bien en las compañías afectadas, pero no se quedó ahí. En los últimos meses han ido cayendo sobre dichas petroleras sanciones e informes de la CNMC por prácticas oligopolísticas. El último, el pasado martes, pero venía precedido de una multa de 22,8 millones impuesta a Repsol y a varias de sus abanderadas, la semana anterior, por pacto de precios.
Barreras de entrada
Menos de una semana después de la multa, como decíamos, Competencia publicó un estudio sobre el mercado mayorista de carburantes en el que destacaba que «aún persisten importantes barreras de entrada y expansión para los nuevos operadores». Para la CNMC, los culpables están claros: «Una de las principales causas que impiden la aparición y expansión de nuevos operadores petroleros es la propia estructura que ostentan los operadores tradicionales (Repsol, Cepsa y BP)».
Las soluciones a dicha situación que aportaba la CNMC en el informe iban destinadas a «limitar la influencia» de los operadores tradicionales, con medidas como poner un tope máximo del 4,99% al capital de CLH –el operador logístico– que puede ostentar un solo operador y «evitar totalmente la presencia de operadores con capacidad de refino en España en los órganos de decisión de CLH».
Un mercado muy vigilado
Las tres petroleras directamente señaladas por Competencia han mostrado a Economía Digital su absoluto desacuerdo con el informe y su malestar por el hecho de que se haya puesto el foco en ellas y no en otros sectores con mayor concentración. Según la CNMC, la cuota de mercado de Repsol, Cepsa y BP se sitúa entre el 70% y el 80%, pero fuentes de las petroleras apuntan que en realidad controlan el 56% del mercado, ya que el resto son abanderadas, es decir gasolineras controladas por un tercero.
«No entendemos por qué dicen que controlamos un mercado cuando tenemos el 56%. En la mayoría de mercados, como por ejemplo el de las telecomunicaciones, las tres primeras compañías tienen un 70% o un 80% de cuota de mercado», apuntan desde fuentes del sector. De hecho, la reciente compra de Canal Plus por parte de Movistar ha dado lugar a un líder de la televisión de pago con el 70% del mercado, y con el beneplácito de la CNMC.
Soluciones contraproducentes
Desde BP niegan que existan barreras de entrada y expansión en el mercado de carburantes y, sobre las propuestas de la CNMC para ampliar la competencia, cree que serían contraproducentes y harían subir el precio. «Si las petroleras estamos en CLH, nos interesará que el precio de transporte baje porque nos bajará costes. Si lo controlan fondos, lo que querrán es facturar más», han explicado fuentes de la petrolera británica.
Las mismas fuentes han mostrado su sorpresa por el hecho que se les incluya en la terna de petroleras que dominan el mercado, ya que su cuota de mercado se sitúa por debajo del 20%, según la CNMC, y la de refino en el 7% –sólo una de las nueve refinerías que hay en España de BP– . Además, han recordado que la compañía ha sido exculpada del pacto de precios en España.