Las facturas de Florentino Pérez al Estado: del Castor a Abertis con 2.500M en el bolsillo

A Florentino Pérez le sale a cuenta hacer negocios con el Estado. La reclamación de cerca de 5.400 millones de Abertis al Gobierno tras el fin de los peajes de la AP-7 y la AP-2 es solo la última de una larga lista de facturas que el todopoderoso presidente de ACS y del Real Madrid ha ido pasando, y cobrando, a los diferentes gobiernos.

El Castor, el Túnel del Pertús, las Radiales de Madrid y la Desalinizadora de Escombreras son los más recientes casos de proyectos en los que la constructora u otras empresas de Florentino participó, o directamente lideró, pero se hundieron. Tras el fracaso, fue a pasar por caja, la caja del Estado, y sea vía compensación o rescate, se ha salido con la suya. Por medio se ha podido embolsar unos 2.500 millones de euros.

El caso de Abertis es distinto pero la reclamación es mucho más alta que en ningún otro. Es diferente porque no hay un proyecto fallido, como el Pertús y las radiales, o una infraestructura que luego no se ha podido poner en marcha, como el almacén de gas y la desalinizadora.

Abertis es una empresa en funcionamiento, creciendo internacionalmente pero que recorta en España por la cruzada antipeajes de Pedro Sánchez, heredada, todo hay que decirlo, de Mariano Rajoy. Pero el gallego iba a abrir la mano a Florentino, que le hizo el favor de entrar en Abertis y no dejarla todo para los italianos Benetton, pero el favor no lo dejó en herencia al socialista.

El 31 de agosto pasado, terminó la concesión de Acesa, la concesionaria más antigua y lucrativa del grupo, que gestionaba la AP-7 norte (de Tarragona a la frontera catalana con Francia por La Jonquera) y la AP-2 de Tarragona a Zaragoza. Tras la reversión de estos peajes, Abertis reclamó 5.381 millones, como adelantó Economía Digital, como indemnización.

El Gobierno solo ha aceptado pagar unos 1.200 millones por unas obras realizadas por la compañía, pero no el resto, que reclama por un tráfico menor del previsto en 2006, cuando se firmó el convenio entre el Ejecutivo de Zapatero y Abertis, entonces controlada por La Caixa.

Sean 1.200, 5.400 o una cifra intermedia si Gobierno y empresa terminan poniéndose de acuerdo, para Florentino será otra muesca en la culata del revólver y lo que saque su participada –controla el 50% menos una acción a través de ACS y Hochtief– se sumará a unos 2.500 millones que ha cobrado, tiene reconocidos o está reclamando y negociando.

El Castor, 1.350 millones a costa de los consumidores

El caso más sonado es el del almacén de gas Castor, situado en el Mediterráneo, frente al Delta del Ebro. Sus costes se dispararon de los 1.200 previstos hasta los 1.700 y nunca llegó a estar en pleno funcionamiento. Su arranque se suspendió en la fase de pruebas por los múltiples terremotos que estaba causando en las costas de Tarragona y Castellón, en 2013.

Tras la paralización definitiva de la infraestructura, la empresa promotora, Escal UGS, participada en un 66,7% por ACS, demandó al Estado. Tras varios tira y afloja, un Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy aprobó, en 2014, indemnizar con 1.350 millones a los promotores, que pagaremos en la factura del gas durante 30 años.

El almacén de gas Castor, frente al Delta del Ebro, nunca llegó a funcionar por los terremotos que provocaba; aun así, ACS fue compensada

El Gobierno culpó al anterior Ejecutivo, socialista, de haber firmado unas condiciones muy favorables para la empresa de Florentino Pérez. La similitud con Abertis es que eran convenios firmados entre las partes que contemplaban dichas compensaciones, en ambos casos firmados en la etapa de Zapatero.

El túnel del AVE, un conflicto que aún se arrastra

Los del túnel del Pertús y las radiales de Madrid son casos distintos. Se trata de empresas que quebraron por estar proyectadas con unas expectativas poco realistas o que simplemente no se cumplieron. Pero al no poder liquidar sus activos, pues gestionaban infraestructuras, el Estado se tuvo que hacer cargo de las mismas y asumir su deuda, lo que vulgarmente se denomina un rescate y que a la práctica supone que la empresa se vaya de rositas con los acreedores; por tanto, no ha asumido riesgo.

El Pertús es el túnel del AVE que une Francia y España a la altura de Figueres, en Girona, de unos 8 kilómetros. La empresa que lo promovió, TP Ferro, estaba participada a medias por ACS y la francesa Eiffage. Esta obra costó 1.100 millones y se inauguró en 2010, pero a penas pasaban trenes.

Diez años después, lo cruzan un 10% de los previstos. Un error de cálculo. Mientras España apostaba por el AVE, e invertía en él sin reparar en gastos, con Francia sufrió un amor no correspondido: las ganas de los galos de conectar con España, y de pagarlo, eran muy inferiores a las del Ejecutivo patrio.

El resultado fue que TP Ferro fue declarada en concurso de acreedores en 2015 y al no poder pagar una deuda de 557 millones de euros, tuvo que ser rescatada. Pero el conflicto no ha terminado, pues la empresa ha demandado a los estados español y francés ante el Tribunal Arbitral de Ginebra y les reclama 700 millones por inversiones no recuperadas y daños y perjuicios por el fin de la concesión 40 años antes de lo previsto. Recordemos que cuando fue rescatada, estaba en concurso…

Las radiales, quiebra en compañía

En los proyectos quebrados, por último, pero no menos importante, están las radiales de Madrid. No está claro lo que ha pagado el Estado y lo que ha cobrado ACS. El rescate por la red de autopistas de peaje que rodeaban Madrid (R-2, R-3, R-4, R-5, M-12, AP-41 y AP-36) y que fueron un fracaso estrepitoso porque iban en paralelo a autovías gratuitas y llegó la crisis de 2008, habría costado unos 4.500 millones de euros.

ACS estaba en una joint venture con Abertis, Sacyr y la extinta Bankia, en la empresa llamada Accesos de Madrid, que gestionó dos de esas autopistas. Su rescate fue de unos 450 millones de euros, si bien luego un juez obligó a la empresa a pagar a la banca acreedora; en cualquier caso, aunque sirviera para pagar deudas, no dejó de tratarse de un rescate.

El caso de la desalinizadora de Escombreras, en Murcia, es el menos conocido, pero quizá el más complejo. Se trata de un proyecto polémico desde su nacimiento en 2006, con sombras de corrupción urbanística por parte del gobierno de la región. Al margen de ello, también fracasó su puesta en marcha, por lo que ACS reclamó 600 millones. El caso sigue judicializado.