Las espadas siguen en alto en las patronales catalanas

La culpa la tiene una sentencia que a principios de junio dijo que Fepime debía ser considerada una organización representativa. De hacerse efectiva, la resolución del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) quebraría el statu quo que Foment y Pimec han disfrutado desde hace no pocos años. Ahora, con la justicia de por medio, las rivalidades entre unas y otras organizaciones han vuelto a aflorar. El elemento novedoso y distintivo es que, en esta ocasión, la Generalitat actúa casi como juez y parte, y esa condición enerva por igual a unos y a otros.

De entrada, tanto la Generalitat como Pimec han decidido recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, lo que paraliza la ejecución de la sentencia. En síntesis, el documento judicial reconoce una demanda previa de Fepime en la que solicitaba ser considerada patronal más representativa en virtud de la legislación catalana existente. El TSJC fallaba en favor de esa reclamación, pero con una salvedad: no resolvía el problema de fondo, sino que le concedía a Fepime ese nuevo estatus en tanto que la Generalitat había declinado responder las demandas de la organización y, en consecuencia, el silencio administrativo era una aquiescencia legal.

La resolución judicial condenaba la pereza administrativa de la Generalitat más que ordenaba el mapa patronal catalán. Y, por si todos esos elementos fueran insuficientes, convertía al Govern de Artur Mas en sujeto de las presiones y las criticas de todo el mundo empresarial catalán. De una parte, Foment del Treball (la hermana mayor de Fepime), de otro Pimec y de un tercero la propia Fepime se sienten agraviadas con el papel que la administración autonómica ha desempeñado en este complejo cruce de intereses.

Poca claridad del Govern

Desde la patronal de pymes que dirige Josep González se considera que la Generalitat actuó con ambigüedad desde que Foment decidió fundar Fepime para interponer un interlocutor que negociara la fusión con Pimec. Los constantes coqueteos de algunos gobiernos y de algún consejero aislado con Fepime han molestado sobremanera a la cúpula de la organización que sí tiene reconocida legalmente la condición de patronal más representativa.

De ahí que Pimec se personase el pasado día 21 ante el Supremo para presentar recurso de casación a la sentencia e impedir que su ejecución fuera posible. Una estrategia que ha seguido, de igual manera, la Generalitat. ¿Qué ha movido al Ejecutivo catalán a impugnar una resolución de la última instancia judicial catalana? “Hemos recurrido por aspectos formales, no de fondo”, aseguran fuentes del Govern consultadas por Economía Digital. Se trata de dejar claro que la administración autonómica no es responsable de silencio administrativo, ya que con anterioridad existían resoluciones de diferentes organismos de la Generalitat que invalidaban la representatividad de Fepime.

Críticas al Ejecutivo

“Que el Govern intente resolverlo por la vía de un recurso de casación demuestra cómo es este gobierno… Esta es una cuestión de facto que se debe resolver políticamente. La Generalitat no la aplica porque no quiere. Y cuando se les dice a los servicios jurídicos que recurran se está haciendo política”. Así de expresiva y contundente es la queja de un alto cargo de Foment, enojado con el papel que Mas y su equipo de consejeros han tenido en esta polémica. “El recurso se ha ordenado desde Presidència”, agrega la misma fuente.

El caso es que desde que el ex presidente Jordi Pujol distribuyó la representatividad en un 75% a Foment y un 25% a Pimec, pese a conatos aislados de disputa del espacio institucional, el statu quo se mantenía invariable. En Pimec se quejan de que ellos han aceptado esa proporción aunque la consideran inferior a su papel real en el ámbito empresarial. En cambio, en la organización que preside Eusebi Cima la percepción es opuesta. “¿Quién puede tener la cara de decir que Fepime, con las organizaciones que reúne no es representativa de al menos el 15% del tejido empresarial? Ahora casi un 90% de la negociación colectiva catalana está bajo sus asociadas”, insisten en esta organización.

Lo que subyace en esta disputa patronal son dos cuestiones: el fracaso de dos intentos de fusión entre Foment y Pimec y el reparto final de los fondos públicos que distribuye la Administración a las organizaciones empresariales, que se basa en la representatividad institucional reconocida. “Nadie dice que la cuota de representatividad que gane Fepime –explica un alto cargo de Foment– proceda de Pimec, a lo mejor la tenemos que ceder nosotros, pero nadie puede cuestionar este modelo. Hacerlo significa proteger a alguien”.

Repercusiones en terceros

Con independencia de que la Generalitat haya recurrido la sentencia por motivos formales, fuentes de Fepime consideran que la actuación del Gobierno catalán es incoherente con su defensa del Estatut y de que sea el TSJC el último nivel jurisdiccional en Catalunya. “Han preferido que este asunto, que es interno, nuestro, se tenga que sustanciar en Madrid”, aseguran.

Lo que para unos constituye un error político, para Pimec supone una garantía última de poder defender unos derechos que se ven amenazados por una decisión judicial que consideran fruto del desinterés de la judicatura y el desconocimiento de estas cuestiones.

En otro sentido, de acabar dándose curso a esa sentencia se abrirían otros frentes que amparados en la jurisprudencia que se deriva podrían causar nuevas polémicas. Es el caso de la patronal de Terrassa Cecot, que vive un alejamiento de Foment del Treball y que podría verse tentada a explorar la posibilidad de obtener su propia representatividad. O, en el caso de las organizaciones sindicales, facultaría a USOC y CGT a defender su presencia institucional como centrales más representativas, condición que hoy sólo poseen CCOO y UGT.