Las empresas del Ibex pagan a 215 días a sus proveedores, el triple de lo establecido
La ley dicta que deben abonar sus deudas con pymes y autónomos en 75 días
Las 35 empresas españolas cotizadas más importantes (Ibex 35) incumplen la ley de morosidad al pagar las deudas con sus proveedores a 215 días, casi el triple de los 75 días establecidos en la norma.
Esta es la principal conclusión de un informe elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), tras analizar los balances del sector no financiero publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Construcción, el peor pagador
El sector de la construcción e inmobiliario es el peor pagador, alcanzando los 307 días de retraso en 2012. Le siguen, el sector Servicios y Comercio (234), el Industrial (216), y el de Energía (100).
La plataforma denuncia que las grandes empresas españolas se están aprovechando de las pymes y autónomos ya que los cobros de las compañías del Ibex 35 a sus clientes es notablemente inferior, situándose en el sector de la Construcción e Inmobiliario, en 136 días; Servicios y Comercio, 69 días; el Industrial, 89; y el de Energía, 60.
“Estos datos evidencian que algunas de estas grandes compañías se financian, en cierta manera, a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos”, denuncia el portavoz de la PMcM, Antoni Cañete.
Mayor esfuerzo
El impago a proveedores por parte de las empresas del selectivo español ha mejorado levemente en 2012. Según el estudio, las 35 compañías han mostrado un descenso a la hora de abonar las deudas. La plataforma dice que es debido a la entrada en vigor de la ley antimorosidad.
“Este esfuerzo es todavía claramente insuficiente. Se hace ya necesario poner fin a esta lacra, que ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”, señala Cañete.
Nuevas medidas
Ante esta situación, la plataforma insta a establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros.
Otras propuestas son la creación del Observatorio de la Morosidad, que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos; aplicar el criterio de caja en el devengo del IVA de pymes y autónomos; e implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia.
