Las disputas entre socios en Globalgas acaban con la petición de concurso de acreedores

La guerra interna en Globalgas, el grupo naviero con sede en Las Canarias que explota dos buques portadores de gas licuado, han llevado a la compañía a hacer frente a la solicitud del concurso de acreedores necesario por una deuda de 308.000 euros. «No es de recibo ante un grupo que factura seis millones de euros y cuenta con sus dos barcos fletados», indican fuentes del consejo de administración.

El conflicto en el seno de la empresa se remonta a 2010, cuando los socios de Globalgas se enfrentaron por el control de la compañía. La actual dirección, encabezada por Rodolfo Burgos Marín, se negó a incorporar en la gestión a sus socios en el proyecto, indican fuentes conocedoras del conflicto.

Los compañeros de viaje del grupo canario no son unos empresarios menores en el sector. Están encabezados por Antonio García Amiama, uno de los operadores con mayor trayectoria en España.

Conflicto de cinco años

La familia García Amiama opera en la compañía a través de dos sociedades: Gonrapa (dueña del 16,24% del capital social) y Globalmar Reefers. Ambas presentaron la solicitud del proceso de quiebra ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canarias a finales de 2014.

Desde ese momento las dos partes del conflicto intensificaron el diálogo para concluir un enfrentamiento que dura ya cinco años. Intentan pactar un precio por la participación de los Garcia Amiama para que puedan abandonar Globalgas.

El escollo: los descuentos aplicados

El escollo es el mismo que existe desde 2010, indican los mismos interlocutores. Burgos Marín interpreta que si se quiere liquidar la inversión inicial antes de lo previsto se aplicará un descuento y los García Amiama se niegan a dar su brazo a torcer.

Quieren recuperar el 100% del capital, que se estructura en un crédito de 224.271,12 euros (291.500 de principal y 16.847,14 euros de intereses) por parte de Globalmar y otro de 84.072,02 euros (80.000 de principal y 4.076,02 de intereses), según la solicitud concursal, a la que ha tenido acceso Economia Digital.

15 millones de pasivo bancario

Las acusaciones entre ambos son cruzadas. Los instantes del proceso han denunciado ante el juez los problemas económicos que arrastra la compañía, mientras que la dirección actual, a pesar de reconocer que la crisis ha impactado en sus cuentas, asegura que está al corriente de pago de todas las obligaciones financieras con terceros. Señalan que los pasivos bancarios superan la cantidad que solicitan: llegan a los 15 millones.

Discrepan, de nuevo, en el concepto mediante el cuál los García Amiama reclaman su deuda. Para los primeros se trata de un crédito vivo, mientras que por la actual cúpula lo reducen a una inversión por parte de los socios.

Impugnación de tres juntas

Asimismo, la dirección retrae a los denunciantes que las maniobras para forzar la negociación han propiciado la impugnación de las tres últimas juntas generales, con los costes de los consiguientes procesos judiciales para poder aprobar los acuerdos presentados.

No es la primera ocasión que los dueños de Globalgas acaban ante un tribunal. Existen dos sentencias (de septiembre de 2013 y enero de 2014) en las que se instaba a la naviera a abonar la deuda. Nunca se ha llegado a abonar porque las partes han negociado.

De hecho, la actual cúpula del grupo puso sobre la mesa una oferta hace tan sólo un mes de liquidar la deuda contraída por unos 200.000 euros que fue rechazada por la otra parte.

Vista en septiembre

El tribunal de lo Mercantil ha fijado vista para el próximo septiembre, momento en el que se empezará a estudiar si realmente el estado financiero de Globalgas propicia la declaración de insolvencia.

Las partes esperan llegar a un pacto económico antes de esta fecha. Por ahora, el diálogo sigue vivo.