Las argucias del siglo XXI para despedir

Mónica G. es una enfermera gallega que fue despedida de la residencia geriátrica en la que trabajaba por conversar por WhatsApp mientras repartía medicinas entre los usuarios del centro. Su caso terminó ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por la forma en que los directivos de la compañía descubrieron su comportamiento: una cámara oculta instalada en las dependencias.

Los jueces dieron a la razón a la cúpula en una sentencia que ha hecho historia del pasado abril. Mónica había sido avisada de que se iban a colocar sistemas de filmación con el objetivo de fiscalizar el trabajo de enfermería y había sido pillada in fraganti en el momento en que confundió los medicamentos que tenía que repartir al estar conversando con su móvil.

La resolución marca jurisprudencia en el país y abre la puerta a la consolidación de unos comportamientos que cada vez son más comunes en los centros de trabajo. Pero, ¿cuándo choca el control con el derecho a la privacidad y otras libertades individuales?

Juicio de ‘proporcionalidad’

«Instalar una cámara oculta es válido en casos muy concretos y excepcionales», afirma el presidente de la sección laboral del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Ricard Morante. El letrado relata cómo el «juicio de la proporcionalidad» es el que marca la fina línea entre el control excesivo y el necesario.

«Nunca puede colisionar con los derechos de la intimidad o la imagen personal», añade, y hay algunas zonas que son infranqueables, como los comedores, las salas de descanso o los servicios. Pero si existe una sospecha en firme de que hay comportamientos censurable, hay cierta barra libre instaurar un sistema de filmación.

Contacto con detectives

Otra norma de oro antes de dar el paso es avisar a los empleados. No es necesario informarles de los lugares exactos en los que habrá las cámaras (que pueden incluso ser de botón), pero sí que se va a dar el paso. También es recomendable dar un toque de atención a los trabajadores antes de despedirlos, indica Morante.

El proceso para obtener la tecnología es sencillo. Sólo es necesario contactar con una empresa de detectives privados y, en 24 horas, el sistema de filmación está instalado. «Ellos se encargan del papeleo«, indica otro interlocutor del sector.

Peritaje informático

Las cámaras no es el único sistema para comprobar las sospechas de que algún empleado no cumple con su deber. Otro de los sistemas que triunfa cada vez más es el peritaje informático. «Entre los casos que estamos tratando en la actualidad de manera más reiterada se encuentran los vinculados a fraudes económicos, robos o fugas de información o las deslealtades laborales y empresariales», afirman los portavoces de una de las empresas más conocidas del sector en Barcelona, Incide.

Su trabajo se centra en «responder a todo tipo de incidentes de seguridad y gestionar casos de prueba electrónica e investigación de todo tipo de fraudes en entornos digitales, que cada día son más numerosos y diversificados (ordenadores, móviles, internet, correos, redes sociales)».

Búsqueda a ciegas

Los informáticos forenses también tienen reglas para evitar colisionar con el derecho de la privacidad. «Se tienen en cuenta múltiples factores, desde las normas o política internas de la empresa que pueden regular las parcelas de privacidad en el uso de los dispositivos informáticos, a la posibilidad de obtener prueba electrónica mediante otras vías con igual poder probatorio», indica el grupo.

Entre ellas, la denominada «búsqueda a ciegas, que permite realizar búsqueda de determinadas palabras clave relacionadas con la investigación».

Pruebas ante el juez

Toda la información recopilada con estos métodos es una prueba factible ante los jueces, siempre y cuando se haya seguido la regla de avisar a la plantilla.

Lo que no vale es acceder al ordenador de un trabajador a la torera, alertan los expertos consultados. Si un empleado llega a su puesto de trabajo y encuentra un post-it con las contraseñas encima, por ejemplo, la demanda judicial le puede llegar a salir cara al dueño de la compañía. Las multas llegan hasta los 60.000 euros.