Las administraciones desarrollan trampas para saltarse su ley antimorosidad

Tres empresas de transporte escolar de Girona esperan desde hace más de seis meses que la administración pague las facturas pendientes. No reciben respuesta por una deuda que amenaza con la continuidad del negocio. El consejo comarcal del Alt Empordà les asegura que el interventor no ha podido validar las facturas, es decir, que no ha corroborado que el servicio efectivamente se preste, según denuncian los afectados.

La administración pública ha hallado un resquicio en la ley de Contratos del Sector Público, según denuncia la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Según la ley, la administración debe pagar, como máximo, 30 días después de la validación de una factura, pero no fija un máximo legal para validarla.

Botella retrasa el proceso

La grieta legal está siendo detectada por ayuntamientos y comunidades autónomas. “Pasa con el ayuntamiento de Madrid. Ellos dicen que están pagando a 30 días desde la validación de una factura. Lo que no dicen es lo que tardan para validarla: varios meses”, explica Antoni Cañete, el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

El propio Ayuntamiento asegura que ha pasado de pagar en 194 días a principios de 2013 a 59 días hoy. La alcaldesa Ana Botella, que se ha acogido a tres planes de pagos a proveedores, reitera en todos los actos públicos donde le es posible que ahora el Ayuntamiento paga con la puntualidad exigida por el ministerio de Hacienda y por Bruselas.

111 días para pagar

Pero los proveedores desmienten la realidad. Tanto el Ayuntamiento de Madrid como el resto de administraciones públicas tardan, en promedio, 111 días para pagar a sus proveedores, un plazo muy superior al marcado por ley, según los afectados.

Los ayuntamientos suelen utilizar la trampa de contabilizar el tiempo en el que pagan sus facturas a partir del momento en que las validan y no desde que entran en la ventanilla, admitió a este diario la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Recasens.

“Antes, se contaba desde la aprobación de la factura y no desde que ingresaba a la ventanilla del ayuntamiento como hacemos ahora. Además, se hacía la estadística por cantidades. Entonces se puede rebajar muy fácil el promedio pagando una factura muy grande a tiempo”, comenta la segunda teniente de alcalde.

El informe empresarial de la Plataforma contra la Morosidad asegura que las empresas suelen cobrar cuatro veces más tarde de los 30 días que marca la ley.