La trama del jamón se coordina para desmentir a 16 peritos sanitarios

Los primeros imputados por la trama del jamón han hecho un relato casi calcado ante la juez que investiga uno de los mayores delitos de salud pública de los últimos años en España y que ha ocasionado la incautación de casi un millón de kilos de carne congelada, embutidos y jamones en mal estado o sin garantías sanitarias.

Un total de 16 peritos sanitarios y funcionarios de la Junta de Extremadura han relatado ante el juzgado de instrucción número 1 de Fregenal de la Sierra (Badajoz) cómo el entramado de empresas almacenaba toneladas de alimentos en naves sin permisos sanitarios. También manipulaban los productos para extender de forma irregular la fecha de consumo preferente y descongelaban y loncheaban productos cárnicos sin las condiciones higiénicas adecuadas.

Pero los imputados del caso, empresarios de una treintena de empresas cárnicas implicadas en la trama, han asumido el mismo papel ante la juez: ninguno entiende por qué están imputados, la mayoría carga contra la Guardia Civil y los funcionarios sanitarios y todos aseguran que trabajan con mercancía en buen estado.

Economía Digital ha tenido acceso a las declaraciones de los imputados, entre los que destacan los hermanos Francisco y Antonio Cordero Gamero, que gestionan dos empresas donde se encontraron toneladas de piezas en mal estado, y Blai Parés, presidente de Comapa, el mayor proveedor cárnico de Carrefour, que negó tener ninguna relación con las empresas investigadas.

Las declaraciones

Antonio Cordero Gamero, considerado uno de los cerebros de la trama, aseguró desconocer los motivos por los que había sido imputado en el tribunal y también lanzó una acusación sorprendente: considera que toda la investigación policial y judicial se debe a “intereses comerciales” de otras empresas. Pero el empresario, que controla los hilos de la red, no dio nombres ni se explayó en argumentos para sostener su acusación.

Antonio Cordero Gamero no figura en ninguna de las sociedades imputadas (Valle de los Valfríos y Cash La Temporada) aunque los investigadores tienen claro que es él quien gestiona las empresas, mientras que su hermano, Francisco Cordero Gamero, que sí aparece en las escrituras de las empresas investigadas, se acogió a su derecho a no declarar y se negó a contestar las preguntas de la juez y de los abogados.

Los investigadores están convencidos de que la trama del jamón se ha conformado por una estrecha coordinación de empresas con el propósito de beneficiarse de líneas de créditos y también para sacar provecho de la mercancía sobrante y en mal estado del negocio de los jamones low cost, con una enorme cantidad de producto defectuoso.

La red estaba coordinada para dar salida al producto en malas condiciones y devolverlo a la red de comercialización de alimentos a través de pequeñas cadenas de supermercados.

Pero en el juicio, cada compañía (incluso aquellas que forman parte del mismo grupo empresarial) llevó a sus abogados e interrogó a los imputados y testigos por separado. Algunos letrados insistieron ante la juez en la idea de que los jamones no caducan y que no ha habido denuncias de consumidores afectados.

La Guardia Civil y los inspectores sanitarios denunciaron que los jamones y el resto del producto cárnico estaba almacenado en malas condiciones higiénicas y, por tanto, constituían un grave riesgo para la salud pública. Uno de los peritos llegó a asegurar ante la juez que presenció “cacas de rata” e incluso “ratas muertas” en los almacenes donde permanecían los jamones y el producto cárnico fresco y congelado.

La denuncia de un consumidor en Extremadura por la presencia de gusanos en los jamones Sierra Alpujarra activaron una investigación contra Carrefour, que ha puesto trabas en la investigación, según ha explicado uno de los funcionarios.