La sentencia final certifica que la antigua cúpula de PwC defraudó 17 millones

El juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia definitiva este miércoles por delitos contra la hacienda pública a los integrantes de la cúpula de PwC en 2002.

Se enumeran al ex presidente de la consultora, Miguel Fernández de Pinedo —un histórico de la auditoría en España—; al presidente del comité ejecutivo y responsable de operaciones para España, José María Tajadura; al socio de la división fiscal y legal, César Rodríguez Ramos, y al responsable de los servicios fiscales de Landwell, Miguel Cruz Amorós.

En concreto, a los acusados se les condena a entre cuatro y seis delitos contra la hacienda pública en relación con el impuesto de sociedades de PwC SL; omisión de las retenciones de IRPF de las sociedades PwC Jurídico y Fiscal SL, PwC Asesores de Negocio SL, PwC Auditores SL y la antigua PwC Consulting SL; y un delito contra la hacienda pública en relación al IRPF del ex presidente de la entidad. Las cuotas defraudadas ascienden a 17 millones de euros. 

Polémica venta de IBM

Según la sentencia, las conductas que se han juzgado se refieren «a distintas operaciones llevadas a cabo por los acusados en el seno de las sociedades de la red PriceWaterhouseCoopers en España (…) con la finalidad de omitir los ingresos debidos a la hacienda pública derivados de las mismas».  

En concreto se ha juzgado la operación diseñada por los acusados en la venta de la división de consultoría de PwC SL a IBM, omitiendo la debida tributación por el régimen general en el impuesto de sociedades, con una cuota defraudada por importe de 10,2 millones.  

«Este diseño de aplicación en España –según el juez– aparentaba una segregación cuando la finalidad era proceder a su enajenación, buscando únicamente desprenderse de la consultoría sin pagar al erario público los tributos en nuestro país derivados de tal venta».  

Más operaciones sancionadas

Otra de las operaciones que se ha sancionado es la relativa a la omisión de las retenciones de IRPF debidas y del correlativo ingreso en el erario por las sociedades donde prestaban sus servicios los socios PwC SL, –PwC Auditores SL, Pwc Jurídico y Fiscal SL, PwC Asesores de Negocios SL y PwC Consulting SL– derivadas de la percepción de los citados socios en enero de 2002, de renta de trabajo por importe global de 20.1 millones de euros (chairman bonus).  

La Fiscalía Anticorrupción retiró su acusación de fraude contra 12 de los 59 antiguos socios PwC cuando se activó el juicio hace un año. En todos estos casos, la cuota defraudada no llegaba a 120.000 euros, límite del delito fiscal.

El juez aplica a los acusados la atenuante de reparación del daño al haber abonado las responsabilidades civiles, así como la de carecer de la cualidad de administrador, en relación con varios de los delitos. La sentencia es firme porque cuando se anticipó oralmente el fallo ninguna de las partes expresó su voluntad de recurrir.

«Fin del proceso»

PwC en España declaró que «se pone fin a un proceso referido a unos hechos que tuvieron lugar hace 14 años. Esta decisión nos permitirá centrar aún más toda nuestra atención en prestar el mejor servicio posible a nuestros clientes». La auditora, una de las big four, celebra que esta sentencia surja fruto de un acuerdo entre acusados y fiscales.