La pugna judicial por Cacaolat se recrudece
Central Lechera Asturiana-CAPSA ha solicitado al juzgado de Madrid la compra del 95% de las acciones de Cacaolat por 20,06 millones mientras sigue abierto el proceso judicial en Barcelona
La lucha por Cacaolat continúa. Este martes la compañía Central Lechera Asturiana-CAPSA presentó ante el Juzgado mercantil número 7 de Madrid, donde se instruye el proceso de suspensión de Clesa, su oferta para adquirir el 95% de las acciones de la empresa catalana de batidos por 20,06 millones de euros.
Todo ello horas antes de que se cerrase el plazo y a pesar de que el proceso judicial en Barcelona para comprar la compañía mediante la venta de la unidad productiva sigue abierto. El interés de Central Lechera Asturiana por Cacaolat no es novedoso. La empresa ya intentó en dos ocasiones anteriores comprar la compañía cuando todavía estaba en manos de la familia Ruiz-Mateos, aunque sin éxito.
Además, es uno de los cuatro posibles compradores de Cacaolat que presentaron su solicitud en el juzgado número 7 de Barcelona junto al grupo Vichy Catalán y otros inversores privados. El proceso judicial de Barcelona sigue su curso después de presentar el estado de las cuentas de la compañía catalana a los solicitantes de la compra, que todavía no han ofertado una cantidad exacta por Cacaolat.
El rechazo de los trabajadores
La UGT de Catalunya no está de acuerdo con la forma de actuar de Central Lechera Asturiana que ha participado en paralelo en ambos procesos judiciales para conseguir Cacaolat por todos los medios. Además, el sindicato catalán se reafirma en el discurso que ha pronunciado a lo largo de todo el proceso judicial de realizar la venta de la unidad productiva de Cacaolat porque la compra de acciones “no garantiza en absoluto la estabilidad de la plantilla ni conducirá a alcanzar los planes de futuro de crear una nueva planta”.
Insiste en el hecho de que entre todas las empresas interesadas en la adquisición de Cacaolat, Central Lechera Asturiana “ha sido la única que no ha contactado con los trabajadores”, lo que les hace sospechar que no los tendrán en consideración si consigue ser el comprador definitivo.