La plantilla de Ficosa pide responsabilidad a la Generalitat

Día de huelga en la factoría de Ficosa de Viladecavalls (Barcelona). Los trabajadores del grupo de componentes de la automoción han protestado contra el nuevo expediente de regulación temporal que la cúpula quiere aplicar y la falta de un plan industrial que garantice su continuidad. Han empezado la protesta en la fábrica y han terminado ante el Parlament de la Generalitat. El mensaje ha sido claro: exigen al Govern de Artur Mas responsabilidad sobre el futuro de la compañía y sus 900 empleados.

La primera medida que reclaman al Ejecutivo de CiU es que el conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig, nombre cuanto antes a los dos representantes de la Generalitat que tienen derecho a sentarse en el consejo de administración del grupo. Tomará esta decisión en unos 15 días, según los portavoces del departamento. No existe ningún impedimento legal que frene a Puig a nombrar a los nuevos portavoces del holding industrial Avançsa en la compañía, según los mismos interlocutores, pero quiere “estudiar” si es preferible quedar al margen del consejo de administración como hasta la fecha o fiscalizar de esta forma la evolución de Ficosa.

Sureda y Navarro

La Generalitat renunció a participar en el órgano de decisión de la empresa a principios de 2012, cuando la conselleria de Empresa i Ocupació estaba encabezada por Francesc Xavier Mena. Los dos últimos representantes del Govern en el grupo dirigido por la familia Pujol fueron el entonces director general de Indústria, Joan Sureda, y el ex directivo de la consultora Accenture, Pedro Navarro.

En ese momento, los portavoces de Mena aseguraron que pactaron su salida de mutuo acuerdo con la cúpula de Ficosa. El Ejecutivo catalán entró en el consejo de administración en marzo de 2009, cuando el último Govern tripartito aprobó un crédito participativo de 50 millones de euros para sacar a flote a la compañía. Pero no fue un cheque en blanco, exigió seguir la evolución de Ficosa de forma directa en el máximo órgano directivo.

‘Caso ITV’

Mena decidió cambiar la fiscalización en el consejo por reuniones bilaterales en las que se usaba el Institut Català de Finances (ICF) como instrumento de seguimiento.

Este cambio llegó meses antes de que el caso ITV situara a Ficosa en el ojo del huracán, aunque la compra de los activos de Sony de Viladecavalls ya se había consumado. Esta es una de las operaciones que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, investiga por las supuestas comisiones que habría recibido una presunta trama de empresarios y funcionarios públicos en la que también participaría el ex secretario general de CDC, Oriol Pujol Ferrussola.

De hecho, en el interrogatorio del vicepresidente de Ficosa hasta julio de 2011, José María Tarragó, segundo accionista mayoritario, asegura que el presidente del grupo, Josep Maria Pujol (su tío) no facilitó toda la información de esta operación al consejo de administración. «Incluso el padre hay un momento que hay un consejero de la Generalitat que le dice bueno, esto…¿no se va a aprobar en el consejo? Y mi primo Javier, el consejero delegado, dijo que se tenía que mantener la confidencialidad«, afirma ante la juez.

Reunión con Puig

Los empleados de Ficosa también han reclamado al conseller que se siente con ellos para escuchar en primera persona sus reivindicaciones. Felip Puig ha aceptado con buena disposición y se celebrará las próximas semanas. De hecho, ya se ha sentado con la cúpula de la compañía para hablar de la problemática actual, según los mismos portavoces de Empresa i Ocupació.

Las reclamaciones de los trabajadores de Ficosa también han sido bien recibidas por parte de la oposición.