La picaresca del grande: las empresas cobran del sector público pero no pagan a sus subcontratas

Las ayudas del ministro Cristóbal Montoro a los ayuntamientos y comunidades autónomas para que se pusieran al día con el pago a sus proveedores han dado resultados. La administración pública ya paga, en promedio a 111 días, 30 menos que hace un año.

Pero el mayor cumplimiento no se ha traducido en un alivio para las subcontratas, esas pequeñas empresas que generalmente proveen a las grandes concesionarias. “El problema es que las grandes cobran pero el dinero no fluye por la cadena. Éste es un tema vital para la competitividad empresarial y el hecho de que no haya reglas claras y un marco sancionador es caldo de cultivo para la corrupción”, explicó Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

El peligro que viene

Lo decía Jean Jaques Rousseau hace más de dos siglos: “En las relaciones entre el fuerte y el débil, la libertad oprime”. Y lo vinieron a decir los representantes de las empresas que sufren los impagos este jueves en Madrid: la mayoría de las pimes se niega a cobrar intereses de mora a sus clientes por temor a perderlos.

La mayoría tampoco exigen el cumplimiento de la ley que fija un máximo de pago de 30 días. “El 68% de los contratos que se firman en España fijan plazos de pago superiores a los 60 días, es decir, no cumplen la ley”, añadió Cañete.

La plataforma critica que el Gobierno pretenda flexibilizar los plazos de pago con el nuevo anteproyecto de ley de financiación empresarial. Consideran una aberración que, bajo el pretexto de «acuerdo entre las partes», se pueda alargar el plazo de pago legal. Vaticinan que, al final, las grandes impondrán su voluntad de alargar plazos a las pequeñas.