La patronal catalana del metal, de querellante a inculpada por el ‘caso Marsal’
La UPM deberá responder en juicio como responsable civil subsidiaria de un fraude de subvenciones
La querella que la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), una de las sectoriales más potentes de Foment del Treball, presentó en noviembre de 2012 contra su presidente, Antoni Marsal, ha prosperado con éxito. El empresario irá a juicio, acusado de los delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos, con una petición de pena de 11 años de cárcel por parte de la Fiscalía.
No obstante, los representantes de la entidad se han encontrado con una sorpresa. No imaginaron que ellos también acabarían inculpados. La juez que instruye el caso, además de imputar a dos de las firmantes de la denuncia, exige a la patronal una responsabilidad civil de 370.000 euros por fraude en subvenciones públicas, según un auto con fecha de 18 de mayo al que ha tenido acceso Economía Digital. La UPM es un cazador cazado.
Lista de imputados y responsabilidades económicas
La titular del juzgado de instrucción número 18 ha dictado auto de apertura de juicio oral. La fase de instrucción se salda con seis imputados. Además del propio Marsal, también se encuentran el ex director general de la institución, Ángel Hermosilla, y su esposa Margarita Sánchez; las empleadas querellantes María Magdalena Grau y Cristina Isabel López; y Ángel Blesa, asesor externo de la patronal.
La magistrada exige una responsabilidad civil solidaria a todos los acusados, la propia UPM y el despacho Via Legis de 370.000 euros, que deben ser ingresados al Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE). También Marsal, Hermosilla y López deberán pagar 400.000 euros a la UPM por el desfalco.
Acusación
La fiscal Carmen Martín Aragón asegura en su escrito de acusación que Marsal, justo acceder al cargo, puso en práctica «un plan que llevó a cabo en el periodo 2007-2012 en el qeu se adueñó de 772.732 euros, de los que 366.510 eran fondos públicos gestionados por la entidad que, en caso de no dedicarse a la realización de cursos de formación, debían ser reintegrado a la administración». El Ministerio Público afirma en su escrito que sin la ayuda del resto de imputados, todos trabajadores o vinculados con la UPM, hubiera sido imposible disponer en beneficio propio de todo ese dinero.
Martín Aragón divide el desfalco en dos estrategias fraudulentas. La primera se centra en una serie de facturas falsas por trabajos no realizados que Marsal cobraba los fondos directamente a través de una sociedad de su propiedad. La fiscal también detectó un sistema, menos habitual, por el que el ex presidente percibía el dinero a través de una empresa pantalla.
La defensa de Marsal y Hermosilla
Marsal, representado por el letrado Enric Carulla, del despacho Garrigues, siempre ha defendido que actuó correctamente. El ex presidente aseguró que históricamente la UPM había pagado a sus trabajadores en negro y que él fue el que regularizó la situación con el sistema de facturas. En este sentido, el acusado ha aportado varios documentos que demostrarían que la propia organización estaba al corriente de toda la estrategia. Los pagos corresponden, según esta versión a trabajos realizados que exceden sus funciones estatutarias.
Del mismo modo, Hermosilla, representado por el abogado David Aineto, aseguró que el dinero que percibió su mujer fue una parte de su sueldo, ya que los estatutos le imponían un tope salarial. Tanto Marsal como Hermosilla tendrán una oportunidad más de defender su versión. Esta vez, desde el banquillo de los acusados.
