La lengua, barrera para las pymes españolas

Mientras el barómetro sociolingüístico del Institut d’Estudis Catalans (IEC) y la Fundación Audiencias de la Comunicación y la Cultura (Fundacc) ha vuelto a constatar que Catalunya es bilingüe, ya que el 56% de los catalanes tiene el castellano como primera lengua y el 35% el catalán, una multinacional especializada en contratación pública denuncia que la barrera lingüística es uno de los principales problemas con los que se encuentran las pymes españolas para acceder a los concursos públicos en Catalunya.

Al margen de los procedimientos burocratizados, retrasos en los pagos, garantías muy elevadas, dificultades para rebajar el precio en la oferta, desconocimiento de la apertura de los procedimientos, mucha subcontratación, trabas a la unión de empresas y escasa flexibilidad sobre los tiempos de ejecución; uno de los impedimentos para que las pymes españolas aspiren al mercado público catalán es la lengua, según Vortal.

La firma europea con experiencia en el sector de las plataformas electrónicas de contratación para diferentes sectores, entre los que se encuentran las administraciones públicas, asegura que a pesar de que las pymes se lanzan al sector público en búsqueda de nuevas oportunidades de negocio acuciadas por la crisis, todavía deben enfrentarse a ciertas dificultades que no sólo tienen su origen en la propia naturaleza de estas empresas, sino que en muchos casos derivan de unos procesos de contratación que considera obsoletos.

Aunque la licitación permite abrir nuevos mercados, Catalunya cuenta en opinión de Vortal con “ciertas barreras lingüísticas y legales, no ya sólo en el proceso de adjudicación, sino también durante la propia ejecución del contrato”. Según esta compañía, que tiene una cartera de 20.000 licitadores y 3.000 entidades públicas en toda Europa, “las empresas se ven obligadas a adaptar su actividad a la normativa aplicable en cada región” española, “cambiar el etiquetado de sus productos o estar presentes en el propio territorio, con un coste que excede en muchos casos las posibilidades de las pymes”. En este sentido, la multinacional autora del informe, que genera un volumen de contratos adjudicados de más de 5.000 millones de euros anuales, denuncia que estas prácticas discriminatorias para las pymes españolas se producen pese a que “la ley prohíbe expresamente la diferencia de trato en función de la nacionalidad, lengua, domicilio o territorio del adjudicatario, incluso de manera indirecta”.

“Obsesión” de la prensa internacional

La prensa internacional no cesa de criticar que el debate sobre la independencia y las actitudes extremas con la lengua no beneficia a la economía catalana. Financial Times, The New York Times y The Guardian han puesto de relieve estos días las tensas relaciones entre Catalunya y España, hasta el punto de que el presidente Artur Mas ha aparecido en la portada del Financial Times rechazando las medidas de reducción del déficit del Gobierno español.

Pero la atención internacional sobre la lengua y el independentismo no es nueva. El semanario británico The Economist calificó hace algo más de dos años de “obsesiva” la política lingüística de la Generalitat, subrayando que el español se enseña “como un idioma extranjero”. La reacción del tripartito fue airada. Exigió disculpas al semanario, pero meses después, el rotativo Financial Times abundó en la polémica, al igual que The Daily Telegraph, en el sentido de que la escalada soberanista perjudicaba la economía catalana. Entonces, el “embajador” de la Generalitat en Londres, Xavier Solano, contrató dos páginas de publicidad en un suplemento que Financial Times dedicó a Catalunya como tierra de negocios, pero el rotativo insistió en sus críticas de que el debate sobre la independencia no beneficia a la economía catalana.

Lubricante económico

Consultados diversos expertos sobre si la lengua puede considerarse un activo económico, coinciden en la visión de que la naturaleza económica del idioma es poliédrica. Como intangible, es un bien no apropiable, sin coste de producción, que no se agota con su uso, con coste único de acceso y con un valor que se incrementa con el número de usuarios. Es como el lubricante de las relaciones económicas, el vehículo que las facilita.

El profesor Ángel Martin Municio sitúa el valor del español en el 15% del PIB sumando todas las actividades relacionadas con la lengua. Los también profesores José Luis García Delgado, autor junto a José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez del informe Economía del español, una introducción para Fundación Telefónica, atribuyen a la lengua española en torno al 16% de la creación de empleo y sostienen que los intercambios comerciales hacen que se multiplique entre dos y tres veces la cuota de las exportaciones españolas en los países hispanohablantes, más que el inglés en los países anglosajones.

Los estudios de prospectiva coinciden al afirmar que el inglés, el español y el chino serán las tres lenguas de comunicación internacional durante el siglo XXI. Todas las fuentes demolingüísticas clasifican la lengua española como la segunda más hablada del mundo, con 440 millones de hablantes nativos en 21 países donde es idioma oficial, detrás del chino mandarín y por delante del inglés y del hindi/urdu. Es la cuarta lengua con mayor peso demográfico, pero la segunda como instrumento de comunicación tras el inglés y cada vez con más solicitudes de aprendizaje en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Brasil como segundo idioma. Por su parte, el catalán se sitúa en el puesto 80 del ranking de 6.000 lenguas por su número de hablantes, pero su dinamismo en Internet la lleva a escalar a las veinte primeras del mundo.

Español 60-Polaco 1

En el estudio El valor económico del español: España ante el espejo de Polonia, de Miguel Carrera y Michael Ogonowski, del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, se afirma que “el número de estudiantes de español en el mundo multiplica al de los estudiantes de polaco por un factor cercano a 60”.

El informe, que compara a estos dos países europeos al considerarlos equiparables, concluye que el español tiene 3.000 veces más alumnos en la enseñanza secundaria europea que el polaco, a pesar de ser idiomas con comunidades de hablantes en Europa semejantes. También España atrae ocho veces más alumnos del programa Erasmus que Polonia, país donde se imparten las clases en inglés, lo que, a juicio de los autores, es una demostración palmaria del interés que despiertan ambos idiomas en Europa, gracias, claro está, a la existencia de la comunidad hispanohablante de América, porque en caso contrario, el español sería un idioma local europeo, como el polaco.

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, José Luís García Delgado, director de la investigación Valor económico del español asegura que la lengua “es un activo inmaterial cuyo valor aumenta al crecer el número de hablantes y su capacidad para servir de medio de comunicación internacional”.

En opinión de este profesor, que fue rector de la Universidad Menéndez Pelayo, “una lengua común es como una moneda común: reduce los costes de casi cualquier tipo de intercambio económico; además, facilita una familiaridad cultural que acorta la distancia psicológica. Es en suma, un factor de dinamización mercantil.

El 16% del PIB de España

El también director de la Cátedra “la Caixa” Economía y Sociedad, matiza que “si se considera solo el componente de lengua de cada actividad económica, comenzando por las industrias culturales, el español supone cerca del 16% del PIB de España; pero su valor diferencial como gran lengua internacional exige el análisis de sus efectos multiplicadores sobre los flujos migratorios, comerciales y financieros”.

Sin problemas en las pymes catalanas

Desde la perspectiva interna de la economía catalana, la adaptación del informe europeo ELAN de la Cátedra de Multilingüismo Linguamon-UOC, titulado ¿Son suficientemente multilingües las empresas catalanas?, pone de manifiesto que el uso del catalán en las pymes se ha generalizado dentro del mundo profesional y se ha convertido en la lengua más empleada en las relaciones comerciales en Catalunya en el 97,9% de las empresas, seguido de cerca por el castellano, con el 81,3% de las empresas. También en el ámbito interno, el informe indica que el catalán, con un 94,1%, es la lengua vehicular de las empresas, seguido del castellano, con un 87,7% y del inglés con un 12,2%.

En cuanto a las multinacionales y empresas foráneas establecidas en Catalunya, la Generalitat aconseja que al margen del cumplimiento de la ley, “se ganen la ciudadanía corporativa” mediante la potenciación del catalán “como un activo muy positivo que la empresa puede aprovechar en otras partes del mundo”, según se pone de manifiesto en el estudio Empresa y Lengua, un enfoque de responsabilidad social empresarial para aportar valor a todos los grupos de interés, realizado el año pasado por Josep Maria Canyelles para el Departamento de Trabajo. En el informe se subraya que “a pesar de que se dice que el mundo económico prefiere el libre mercado a los entornos regulados, en una materia como la lingüística parece que muchas empresas tienden a hacer una aproximación más normativa”.

Cumplir con las “intenciones” del legislador

Una de las conclusiones del informe de Canyelles es que una compañía socialmente responsable con voluntad de continuidad en Catalunya “debería pretender no sólo cumplir, sino también colaborar a hacer posible para la sociedad lo que subyace en la intención del legislador”. Una intención que ante una materia “tan sensible” como la lengua, “va más allá del cumplimiento de la ley, de las razones comerciales de incorporar criterios de mercado y de la responsabilidad social para ser sensibles a las inquietudes de la sociedad”.

El trabajo encargado por el Departamento de Trabajo de la Generalitat señala como ejemplo de interpretación de las intenciones del poder, que “a pesar de que no se incluyó en 1993 el canal web entre los derechos del consumidor que obligan a disponer de información en catalán, la intención del legislador es tan nítida que la empresa no debería de esperar una actualización de la ley para satisfacer este derecho”.