La justicia tumba el reglamento de Colau contra las VTC

Ada Colau salió airosa del primer enfrentamiento por su reglamento anti-VTC, pero no en el segundo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido cautelarmente varios artículos del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la normativa que pretendía fijar una hora de precontratación a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), conocidos por ser utilizados por plataformas como Cabify.

Economía Digital ha tenido acceso al auto del TSJC [consultar aquí] en el que también se suspende el registro electrónico de la AMB, a través del cual las empresas VTC tienen que comunicar los servicios que tienen previsto prestar acreditando su contratación previa.

Una de las señaladas por este reglamento era Cabify. La plataforma española abandonó Barcelona pero volvió al poco tiempo con un nuevo modelo de negocio, con el que burlaban los 15 minutos de precontratación impuestos por la Generalitat en la mayoría de los viajes realizados.

El reglamento del AMB entraba en vigor el día 15 de julio y todavía se estaba a la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), la patronal Unauto y la ACCO presentaran sus recursos. De hecho, Unauto, la patronal en la que se integran plataformas como Cabify y Uber, ya había presentado un recurso ante la justicia. La asociación presidida por Eduardo Martín estaba a la espera de que los tribunales catalanes emitieran una opinión al respecto.

«La justicia tiene ahora que entrar a valorar si suspende lo que piden otros recursos», explican fuentes implicadas en el proceso, que inciden en que la batalla judicial todavía no ha terminado.

Victoria a la segunda

Los responsables de que la medida haya caído ha sido Luxury VTC, que fallaron en su primer intento, tal y como adelantó este medio. En una primera solicitud se pedía «suspender la eficacia jurídica del reglamento» de manera cautelarísima. Los juzgados, no obstante, sí decidieron incoar expediente de medidas cautelares y disponer que la demanda se tramitara por cauce ordinario.

Esta empresa, considerada una asociación de VTC tradicionales, se apoyaba en la falta de competencia del AMB para regular el sector de las VTC, la vulneración del derecho de libertad de empresa y el principio de no discriminación. 

La noticia supuso una primera victoria también para el taxi, que era consciente de que la guerra todavía no había terminado, tal y como ha sucedido este miércoles. El sector, que forzó a la administración a dar a luz a este reglamento, sabía que esta era la primera solicitud de paralización de muchas que llegarán a los tribunales catalanes.

El taxi pide «calma»

El taxi ya ha reaccionado a esta decisión. Desde Élite Taxi, la asociación liderada por Alberto (Tito) Álvarez, han pedido «calma al sector y unos días para analizar la situación actual», porque «este punto es el más importante, pero hay muchas más medidas que no se han suspendido». 

La suspensión parcial ha sido solicitada por una asociación de VTC tradicionales, que no operan con las plataformas tecnológicas, pero sí son perjudicadas porque existen aspectos del reglamento, como la imposición de los días de fiesta, que jugaban en su contra. 

«Desde Élite Barcelona rompemos públicamente cualquier relación con esta asociación y los ponemos a la misma altura que cualquier empresa intrusa con nuestro sector», explican en un comunicado. «La medida es cautelar y nuestros abogados están trabajando para el recurso inmediato donde el plazo cumple el próximo jueves por la mañana», añaden. 

Colau repite otro verano con derrota contra las VTC

La resolución judicial que se ha conocido este miércoles recuerda a la que se produjo en julio del pasado año. Fue entonces cuando el TSJC tumbó el primer reglamento de Colau contra las VTC, en el que se pretendía fijar una licencia extra para los vehículos del área metropolitana.  

El auto de los magistrados Manuel Táboas, Isabel Hernández y Héctor García anuló «de forma cautelar» — los mismos que han vuelto a fallar en contra de Colau esta vez—  la norma, considerada entonces como la más prohibitiva de España contra este tipo de empresas.