La justicia da otro espaldarazo a Aguas de Barcelona

Aguas de Barcelona (Agbar) ha ganado una nueva batalla en la Guerra del Agua.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimado las medidas cautelares que la Generalitat y empresas como Acciona y Aguas de Valencia, entre otras, habían solicitado a raíz de que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobase la concesión de la gestión del agua en baja –de los depósitos de los municipios hasta las viviendas– de Barcelona y sus alrededores.

La decisión, que puede ser recurrida, llega el mismo día en que el organismo supramunicipal ha aprobado en su pleno seguir adelante con la adjudicación.

Razón judicial

No es la primera vez que la justicia se pronuncia a favor de la empresa que preside Ángel Simón en la batalla que mantiene en diferentes frentes con Acciona.

El alto tribunal catalán desestimó en marzo los recursos presentados por la Generalitat contra la decisión del Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) –una institución independiente del Govern que vela por la transparencia de los contratos públicos– en contra de la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat a la compañía que preside José Manuel Entrecanales.

Valencia

Además, Agbar ganó una batalla judicial frente a Aguas de Valencia por la gestión del agua en Gandía. La compañía catalana consiguió que el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de la capital del Túria invalidase, a finales de enero, la adjudicación a la empresa presidida por Eugenio Calabuig.

No obstante, Simón perdió el pleito por la concesión del agua en la capital de la Comunitat. Pese a los múltiples recursos interpuestos, el juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Valencia apoyó la adjudicación a Aguas de Valencia del suministro de agua del área metropolitana, un contrato para los próximos 50 años que supone unos ingresos de 2.500 millones.

Sin sentencia

La sección quinta de la sala contencioso administrativo del TSJC ha emitido varios autos donde desestima las medidas cautelares que la Generalitat, así como Acciona, Aguas de Valencia, Aqualia y Sociedad Española de Abastecimientos interpusieron contra la concesión por distintos motivos. Los magistrados aún no han tomado una decisión definitiva sobre la causa y la sentencia final se hará esperar.

En el caso del texto que firmaba el conseller de Presidència, Francesc Homs (CiU), el Govern aseguraba que el ciclo integral del agua –así se conoce la gestión del agua en baja en el Área Metropolitana– invadía competencias de la administración autonómica.

En este sentido, Acciona –compañía a la que el Govern ha adjudicado la gestión del agua en alta (desde el lugar de captación hasta los depósitos municipales de cabecera) en la sociedad ATLL– también usó el mismo argumento.

Interlocutorias

Las interlocutorias emitidas por el TSJC recuerdan que las medidas cautelares sólo se tendrán en cuenta si “la ejecución del acto puede hacer perder la finalidad legítima del recurso o causar al recurrente perjuicios de difícil reparación”. Dicho de otra manera, se aplican si existe riesgo de que se desvirtúe la causa o tenga incidencia entre los actores implicados.

En este caso, el tribunal no ha constatado ninguna razón ya que los acuerdos impugnados no afectan de forma significativa la prestación del servicio.

La concesión

Mientras tanto, este martes, el AMB ha dado el visto bueno en su pleno a crear una sociedad público-privada que se encargará de gestionar el agua en baja para los más de tres millones de personas que viven en la capital catalana y sus cercanías.

La medida se ha aprobado con los votos de CiU y PSC, las abstenciones de PP y ERC y el voto en contra de ICV y Junts pel Papiol. La iniciativa ya fue aprobada en un pleno en noviembre pero el alud de denuncias la hizo entrar en barrena. Según estipula la norma, el AMB concederá el 85% de las participaciones de esta empresa a Agbar durante un periodo de 35 años. La sociedad mixta empezará a operar a principios de junio, según fuentes del sector.

Controversia

La concesión ha estado rodeada de controversia, incluso antes de su primera aprobación en el pleno de noviembre. Varios grupos ecologistas, ICV, ERC así como Acciona o Aguas de Valencia interpusieron alegaciones a la AMB. Todas fueron rechazadas.

De hecho, el organismo metropolitano ha dado la cara tras la aprobación de la medida y ha emitido un comunicado donde asegura que “no se trata de una privatización ni de una expropiación ni de una compraventa”.

En este sentido, indica que la integración en un único operador de las infraestructuras municipales representa una mejora “de la gestión de los recursos hídricos del territorio metropolitano».