La justicia bloquea la fusión de Mediaset
La filial española del grupo italiano recibe un auto judicial en el que se acuerda la suspensión cautelar de los acuerdos aprobados en la junta general
Nuevo varapalo judicial para Mediaset. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha acordado la suspensión cautelar de los acuerdos sociales aprobados en la Junta General Extraordinaria de Mediaset España, celebrada el pasado 4 de septiembre de 2019, en tanto en cuanto dicta sentencia en el procedimiento iniciado a partir de la demanda interpuesta por Vivendi, impugnando el proyecto de fusión con su matriz italiana para crear un gigante paneuropeo.
En un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía alega que discrepa profundamente de dicha decisión provisional, por lo que «procederá a impugnarla de forma inmediata», confiando en que la misma será revocada por la Audiencia Provincial de Madrid.
Mediaset España añade que las razones que sustentan su posición son, a juicio de esta entidad, «muy sólidas y avalan las razones jurídicas, económicas y empresariales de los acuerdos sociales que han sido impugnados».
El lío entre Berlusconi y Vivendi
La decisión de los juzgados mercantiles de Madrid llega tras la impugnación de la empresa francesa Vivendi, accionista de Mediaset con cerca del 29% de la compañía. La empresa de la familia Bolloré acudió a los tribunales para impedir que se llevara a cabo el plan de Silvio Berlusconi: integrar al gigante audiovisual español e italiano.
La fusión, cuya sociedad resultante de las fusiones de la matriz italiana y la filial española pasará a llamarse MediaForEurope (MFE), supone sinergias de entre 100 y 110 millones de euros para 2023, de acuerdo a estimaciones del grupo, que matizó que la compañía seguiría cotizando tanto en las Bolsas de Madrid y Milán pese a tener su sede en Holanda.
Vivendi quiere tumbar los acuerdos que dieron luz verde a la fusión entre la matriz italiana y la filial española porque, a su entender, no es justa la prohibición que Mediaset introdujo en sus estatutos para que la compañía de los Bolloré tuviera limitados sus derechos de voto.
Esta prohibición consistió en la denegación de asistencia a Simon Fiduciaria, el fideicomiso en el que Vivendi tiene aparcado el 19,2% de su participación en el grupo de televisión, a la junta de accionistas en la que se decidió el futuro de la compañía y se tradujo en la imposibilidad de votar en contra de dicho acuerdo.
La creación de un gigante audiovisual paneuropeo era perjudicial para los intereses de Vivendi. La compañía, con las condiciones acordadas sobre la mesa, vería diluida su influencia en el conglomerado mediático, mientras que Fininvest, propiedad de la familia Berlusconi, se quedaría con el 47,88% de los derechos de voto.
Mediaset España, por su parte, ya criticó la postura de Vivendi en otro hecho relevante enviado al regulador. Defendió que, a diferencia de las manifestaciones de los Bolloré, la fusión entre la filial española y la matriz italiana tiene ventajas operativas, industriales y estratégicas.
