La Junta encubrió el maltrato animal del carnicero de Mercadona
Una sentencia acredita que el gobierno manchego acosó a los inspectores que denunciaron maltrato animal por órdenes de la empresa que denunciaban
La Junta de Castilla La Mancha ha sido cómplice del maltrato animal que la justicia acaba de acreditar en el matadero de Incarlopsa, el principal proveedor de carne de cerdo de Mercadona.
El gobierno de Emiliano García-Page no sólo omitió su deber al ignorar las advertencias de los inspectores veterinarios, sino que aplicó una persecución para sancionarlos y apartarlos de sus puestos de trabajo, tal y como había ordenado la propia empresa cárnica denunciada.
La Junta no sólo ignoró las advertencias de los inspectores veterinarios
El matadero de Tarancón (Cuenca) sometió a maltrato animal a los cerdos que sacrificaba sin la sedación exigida por ley. Entre finales de 2013 y principios del año pasado, el proveedor de Mercadona incumplió el proceso de sedación que exigía que los cerdos permaneciesen en un foso de CO2 durante tres minutos antes del sacrificio.
Pero las prisas por atender la creciente producción hacían que la compañía incumpliese los plazos y degollase los cerdos en estado de consciencia. Al ser sacrificados, los animales emitían ruidosos gruñidos que alertaron a un grupo de veterinarios. Este grupo optó por denunciar las condiciones del matadero y el incumplimiento de las normas.
El matadero incumplía el proceso de sedación requerido para el sacrificio
En lugar de sancionar a la compañía, la consejería de Sanidad de Castilla La Mancha se dedicó a perseguir a los funcionarios que denunciaron las irregularidades. El gobierno autonómico abrió un expediente disciplinario y decidió apartar a los inspectores de sus puestos de trabajo, tal como había exigido Incarlopsa, una empresa que factura 600 millones de euros a Mercadona y que se ha convertido en la primera empresa de la región.
Economía Digital ha contactado con el presidente de Incarlopsa, el empresario Emilio Loriente, que negó tener conocimiento de la sentencia. Este medio también contactó con la consejería de Sanidad de Castilla La Mancha, pero no recibió respuesta.
El gobierno autonómico, cómplice
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, firmada el 21 de septiembre de 2017, asegura que el gobierno autonómico trabajó bajo las órdenes de la empresa, lo que supone “una manifiesta arbitrariedad y demuestra complacencia y claudicación” ante el proveedor de Mercadona.
La contundente decisión judicial considera inaudito que el gobierno autonómico, en lugar de sancionar las situaciones de maltrato animal ocurridas en el matadero, se dedicase a perseguir a quienes las denunciaban. El acoso a los veterinarios comenzó en el gobierno de María Dolores de Cospedal (PP) y concluyó con la sanción a los trabajadores durante el gobierno de García-Page (PSOE) y su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
«La administración parece haber actuado a dictado de la sociedad inspeccionada»
“La administración parece haber actuado a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a los funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”, argumenta la sentencia.
Tras haber levantado numerosas actas en las que se denunciaban irregularidades en el matadero, la empresa Incarlopsa pidió a la Junta de Castilla La Mancha que apartara de sus puestos de trabajo a los veterinarios. Dado que un grupo de inspectores mayoritarios no se quejaba de las condiciones del matadero, el proveedor de Mercadona acusó a los inspectores denunciantes de tener animadversión a la empresa. El tribunal asegura que los inspectores que actuaron de acuerdo a la ley eran los deunciantes y no quienes ocultaron las irregularidades.
La Junta abrió expediente a los veterinarios y los apartó de sus puestos
La Junta aceptó abrir un expediente disciplinario contra los veterinarios a los que apartó de inmediato de sus puestos de trabajo. Fue una sanción expedita y fulminante y los trabajadores decidieron llevar el caso a los tribunales, que les han dado la razón. La actuación del gobierno de Castilla La Mancha fue arbitraria y desmedida, según los jueces.
La irregularidad, ahora demostrada en la sentencia, ha sembrado dudas sobre la complacencia del gobierno de Castilla La Mancha a las empresas que regentan macro-granjas en la región.
La justicia ha obligado a la Junta a restituir a los inspectores en sus puestos
«La sentencia es contundente y demuestra que la Junta de Castilla-La Mancha se posicionó a favor de los intereses de una gran empresa en vez de estar junto a sus propios inspectores y frente a los ciudadanos como es su obligación», explica Carlos Villeta, representante de Ecologistas en Acción.
“Hay otra sentencia reciente por la que se condena a la Junta por autorizar de forma ilegal una macrogranja en Huerta de la Obispalía (Cuenca) y varios recursos pendientes de resolución por hechos similares”, explica el líder ecologista.
El tribunal que investigó al proveedor de Mercadona ordenó que la Junta de Castilla La Mancha restituyese a los inspectores veterinarios en sus puestos de trabajo en el matadero de Incarlopsa y condenó al gobierno regional a resarcir a los inspectores por los daños y perjuicios ocasionados. Además, Incarlopsa y el gobierno regional deberán pagar las costas del juicio.
