La juez autoriza a Joan Font a partir Bon Preu en dos
Josep Font, vicepresidente de Bon Preu, pide 530 millones de euros a su hermano por el 50% que posee. Joan aboga por dividir el grupo por la mitad
El futuro de Bon Preu es más claro desde el jueves. Con Josep y Joan Font, cada uno con el 50% de la empresa, enfrentados, los tribunales dan una primera victoria al presidente Joan. Si Josep quería obligar a su hermano a comprarle su mitad, el otro abogaba por partir la cadena de supermercados en dos, y ya había comenzado a diseñar la operación. Ahora, la juez le da permiso para hacerlo.
En un auto al que ha tenido acceso Economía Digital, la magistrada Marta Cervera, titular del juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona, desestima las demandas del vicepresidente de la compañía catalana, que pedía frenar las gestiones de su pariente para partir la sociedad. De hecho, ya existe un boceto de la división depositado ante un notario en Vic (Barcelona).
De este modo, hace oídos sordos a las peticiones de Josep, que exigía “el cese de cualquier actuación” realizada por Bon Preu o Baloo d’Inversions, la patrimonial de Joan, para trocear el grupo. También solicitaba que ninguna de las dos pudiera destinar recursos al fraccionamiento y que se comunicara a los notarios y firmas de abogados a los que se hubiera encargado el proceso que terminaran con sus actividades. Ninguna de las quejas fue escuchada.
Josep exige a su hermano más de 530 millones de euros por el 50% de Bon Preu
El texto se encuentra inmerso en el procedimiento comenzado por Josep para obligar a su hermano a comprar su 50% por la falta de dividendos y las diferencias de criterio para el futuro de la firma. Según ha podido saber este medio, el precio que le exige son 530,65 millones de euros y sus intereses.
A pesar de asumir que admitir el proceso de división de la empresa puede segar el caso principal, la jueza autoriza a Joan a seguir con las gestiones.
El conflicto en los tribunales parte de una diferente interpretación del artículo 35 de los estatutos de la compañía. Los supermercados catalanes tienen una clásula para actuar en el caso de que los dos accionistas voten repetidamente en sentido contrario sobre asuntos claves. Si en 20 días no hay un acuerdo, se abre la posibilidad del derecho de separación. Uno de los socios podrá exigir al otro que compre su parte.
Para ello, ambos encargarán una valoración a un auditor independiente para estimar el precio, que saldrá de la media de las dos tasaciones siempre que no estén separadas por más de un 25%. De estar muy alejadas, podrán solicitar una segunda opinión a otra firma.
Al haber más de un 25% de diferencia en las valoraciones de Bon Preu, la lógica obliga a avanzar hacia la escisión, dice la juez
La primera valoración encargada por Josep fue realizada por Mazars y elevó el valor de toda la empresa hasta los 960 millones. Joan pidió una segunda auditoría a Faura-Casas, que fijó el precio en sólo 380 millones.
Ante las diferencias, el vicepresidente acudió a Grant Thornton, que disparó el precio de Bon Preu hasta los 1.100 millones. En cambio, el presidente tocó el timbre de KPMG, que situó la compañía en 600 millones. Eso sí: avisó de que en caso de venta, el valor del 50% sería sólo de 210 millones.
«Al haber una diferencia superior al 25% en las valoraciones estamos ante la existencia de una irregularidad que invalida las valoraciones, que no pueden tomarse en cuenta», señala la juez. Así, Joan entendió que se abría la fase de escisión, y comenzó a partir el grupo en dos partes iguales.
«Lo que está claro es que no puede hacerse una tercera o cuarta ronda de valoraciones, pues el espíritu de la cláusula es resolver el conflicto y no caer en una espiral absurda que lo perpetúa», añade la magistrada. Y finaliza: «La lógica obliga a avanzar con el siguiente mecanismo», siendo indiferente el socio que inicia la nueva parte del recorrido.
El juicio, el 24 de octubre
Con las medidas cautelares desestimadas –Josep todavía puede recurrirlas–, los dos hermanos se verán las caras el próximo 24 de octubre en el juicio. La causa principal es la demanda presentada por el vicepresidente para que el presidente compre su 50% por 530,67 millones de euros e intereses.
La magistrada todavía no se pronunció en esta cuestión, pero las medidas ignoradas en el auto emitido el jueves 21 de junio pueden dar pistas acerca del futuro del procedimiento de la quinta cadena de supermercados de Cataluña.
A falta de cerrar las cuentas, el negocio de Bon Preu parece no resentirse del conflicto fratricida. El grupo propietario de las marcas Bonpreu, Esclat y EsclatOil cerró el 2017 con una facturación de 1.199 millones de euros, el 11,4% más que en 2016. La expansión llegó apoyada por la apertura de diez nuevas tiendas.
Así, el conglomerado aumentó la velocidad tras crecer el 9,2% el año pasado. Al descontar las inauguraciones de cinco supermercados Esclat, dos Bonpreu y tres gasolineras EsclatOil, la subida es del 4,8%.
