La juez reabre el caso Miró al apreciar «indicios sólidos» de conducta delictiva
La causa se había archivado previamente por razones "puramente procesales"
El juzgado de instrucción número 19 de Barcelona ha reabierto la causa penal contra Francesc Miró, propietario de la cadena de electrodomésticos que lleva su apellido y que actualmente se encuentra en concurso de acreedores. La magistrada Pilar Rovira asegura en un auto, al que ha tenido acceso Economía Digital, que existen «indicios sólidos» de conducta delictiva por parte del fundador en la insolvencia de la empresa.
La causa se había archivado en febrero. La magistrada aseguraba que los querellantes, las asociaciones Anfe y Fapel, carecían de legitimación para continuar el ejercicio de la acción penal en solitario. El cambio de opinión se debe a que en la causa se han personado proveedores directamente afectados en el papel de acusación particular, lo que fuerza la acusación popular de las patronales.
Indicios
La juez asegura que hay caso y niega el cierre definitivo. «El sobreseimiento acordado lo fue por razones puramente procesales, sin llevar a cabo valoración alguna del resultado de las diligencias de instrucción practicadas», asegura en el auto. Entiende que la investigación ha encontrado indicios criminales contra los tres imputados: el propio Miró, Miguel Carrillo –ex director financiero– y Josep Rius –ex controller–.
«Con independencia de la calificación jurídica que pueda hacerse de los hechos, aparece claramente que se manipularon los datos contables y de activos», dice el texto. El objetivo de estos tejemanejes no era sólo engañar a la auditora BDO, sino también «crear una apariencia de solvencia y buen estado económico de la empresa que llevaba a las acusaciones a continuar suministrando sus productos, en la creencia de que los pagos serían atendidos». El resultado, unos créditos millonarios que difícilmente se recuperarán.
Engaño millonario
La magistrada señala que la diferencia entre los datos manipulados y la realidad supera los 100 millones de euros. «Las disparidades permitieron mostrar una menor deuda con los proveedores en las últimas tres cuentas anuales depositadas, por importes de más de veinte y cuarenta millones de euros, y la insolvencia, que en opinión de la Administración Concursal se sitúa en el ejercicio 2007, se agravó en una cifra cercana a los 95 millones».
En el escrito, la juez recuerda que existe otra querella con Francesc Miró en el juzgado de instrucción número 16 de la capital catalana interpuesta por parte de Caixabank. No obstante, no reclama unificar la causa.
