La imputada Daurella, como la infanta, pierde la memoria ante el juez

La mala memoria no le sirvió a la infanta Cristina para escapar del juicio por el caso Noos. Aun así, la millonaria catalana Sol Daurella, máxima accionista de la distribuidora de Coca-Cola en Europa y de Cacaolat, parece haber optado por la misma estrategia ante el juez que investiga el cierra de la fábrica de Cacaolat de Utebo (Zaragoza) en 2013.

Daurella, recientemente coronada por Forbes como mujer más rica de Cataluña y segunda de España, sólo por detrás de Sandra Ortega –hija de Amancio Ortega–, declaró como imputada este martes en el juzgado de instrucción número 8 de Zaragoza por el cierre de la planta de batidos, menos de dos años después de la compra de la marca por parte de Cobega –propiedad de Daurella– y Damm.

«No lo sé» y «no me acuerdo»

Según fuentes de los ex trabajadores de Cacaolat que se querellaron contra la jefa de Coca-Cola en Europa y otros cinco directivos, la declaración de Daurella fue la más corta de las tres que han tenido lugar este martes, con una duración de una media hora.

Durante este tiempo, la empresaria catalana recurrió a respuestas tipo «no lo sé» y «no me acuerdo». Según las mismas fuentes, Daurella alegó que ella no llevaba el control del día a día de la empresa y responsabilizó a los directivos de Cacaolat de las decisiones tomadas.

También declaró Víctor Rufat, mano derecha de Daurella y director general de Coca-Cola Iberian Partners. Su firma aparece en la adjudicación de la unidad productiva de Cacaolat. Más tarde, acudió ante el juez Francesc Lluch, director general de Cacaolat.

Lluch dedicó más tiempo a responder, alrededor de una hora, ya que conocía las cuestiones más técnicas. El próximo 11 de noviembre declararán los responsables de Damm y el antiguo administrador de Cacaolat.

Tres delitos

El juzgado número 8 de Zaragoza admitió a trámite una querella presentada por 55 ex trabajadores ante la posible comisión de los delitos de estafa procesal, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores.

La querella se presentó después del cierre de las instalaciones, en noviembre de 2013.

La polémica se remonta a la adjudicación y la compra, en febrero de 2012. En ese momento, Cacaolat tenía dos plantas: una en Barcelona y otra en Zaragoza. Los planes de la compañía, según los trabajadores, no sólo no contemplaban el cierre de la planta aragonesa, sino que preveía inversiones que nunca llegaron a ver.

Sólo tres meses después de la compra, Cacaolat separó las dos fábricas en dos sociedades, y la de Aragón pasó a llamarse Planta Lechera Utebo, aunque siguió produciendo el popular batido de chocolate.

Unos meses más tarde, la compañía hizo un ERE y despidió a casi la mitad de la plantilla, que quedó en poco más de 50 personas, y a finales de 2013 llegó el cierre y el despido del resto de personas.

Estafa procesal

Los trabajadores consideran que Cacaolat y sus compradores cometieron estafa procesal porqué «adquirieron una empresa en sede judicial [en el juzgado mercantil número 6 de Barcelona, que la adjudicó después de la quiebra de Nueva Rumasa] bajo la obligación de cumplir ciertos compromisos exigidos por la justicia y que deliberadamente no se cumplieron».

Los querellantes esperan que, después de las declaraciones de los seis imputados, se abra un juicio oral y se reconozca la culpabilidad en el cierre de la planta, aunque ven muy difícil recuperar los puestos de trabajo.

Su marido, imputado en el caso Pujol

Sol Daurella ha sido noticia en los últimos días por dos hechos más. Por un lado, por su ascenso al segundo lugar entre las mujeres más ricas de España, superando a Ana Patricia Botín, presidenta del Santander.

Y por otro, por la imputación de su marido, el vicepresidente del Barça Carles Vilarrubí, en el caso Pujol, que investiga el origen de la fortuna del ex presidente de la Generalitat y su familia en Andorra. En el marco de esa operación, la Guardia Civil registró hace una semana el domicilio de Vilarrubí y Daurella.