La guerra por las aguas catalanas vuelve al Tribunal Supremo

Acciona y BTG Pactual interpondrán recurso de casación en el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia que ha dado a conocer este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Ésta anula la concesión de la gestión de las aguas catalanas al consorcio liderado por la familia Entrecanales.

La sala catalana ha dado la razón parcialmente al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, el antiguo Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), al entender que la oferta ganadora del contrato de gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) –liderado por Acciona– incumplía las condiciones del concurso.

Entiende el tribunal que las bases del concurso de la concesión, a 50 años y con ingresos estimados de casi mil millones de euros, «incluían un programa de obras que inicialmente se calificó como orientativo, mientras que posteriormente se indicó en una aclaración que el orden y secuencia de dichas obras era obligado», según apunta el TSJC.

Contradicción conlleva una situación grave

«El Tribunal hace notar que tal contradicción afecta a un aspecto esencial de la concesión y ha causado una situación de confusión grave en el momento de elaborar las propuestas por parte de los licitadores», añade.

En el consorcio de Acciona también se encuentran Aigües de Catalunya (con el 39% de la concesionaria), Global Buridan y Global Lubbock (ambas con el 6%), y las sociedades Acacia ISP y Gopa Consulting, que controlan un 5% cada una.

No obstante, se trata de un punto y final en el caso por lo que al TSJC se refiere, pero el litigio salta de nuevo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ahora hay diez días, hasta el próximo 5 de julio, para interponer recurso de casación anunciado por Acciona. La Generalitat estudia seguir los mismos pasos.

Litigio que viene de lejos

El litigio judicial entre el Govern y el grupo Agbar viene de lejos. Desde el mismo momento, a fínales de 2012, en que el Ejecutivo catalán inició los trabajos previos para licitar la concesión del agua en alta (desde el lugar donde se capta hasta los depósitos de cabecera).

Posteriormente, la sentencia de la OARCC, en enero de 2013, lo puso todo patas arriba al echar por tierra la adjudicación que una semana antes había realizado el Ejecutivo en funciones de Artur Mas.

El Supremo, de nuevo

No será, por tanto, la primera vez que el Supremo se pronuncie en relación a este caso. Ya lo hizo con anterioridad, cuando, como medida cautelar, negó a la Generalitat y a Acciona a mantener la concesión en los términos en que se hizo.

Dio tres meses a Mas para retirar a Acciona de la aguas catalanas, pero nunca tomó tal medida por las consecuencias económicas que se derivarían tras la lógica reclamación por parte de la empresa presidida por José Manuel Entrecanales.

El revés judicial para Acciona no parece que haya tenido mucha trascendencia en la cotización de la empresa de construcción y servicios. Salvo el breve parón registrado al conocerse la sentencia del TSJ de Cataluña, el valor se ha movido en aumentos próximos al 1%, hasta el umbral de los 70 euros.