La Generalitat se contradice el mismo día sobre la adjudicación de ATLL

El Órgano Administrativo de Recursos Contratuales de Catalunya (OARCC), el comité de mediación público (adscrito a Presidencia), ha rizado el rizo del pulso legal que mantiene el departamento de Territori i Sostenibilitat, dirigido por Lluís Recoder (CiU), y la compañía de aguas de Barcelona (Agbar).

En dos interlocutorias presentadas con pocas horas de diferencia el pasado viernes, el director del comité, Juan Antonio Gallo, suspende temporalmente la adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona y, seguidamente, levanta su decisión para que la concesión del servicio continúe su curso habitual y el contrato se pueda firmar según lo previsto, a mediados de diciembre. Momento en el que la Generalitat borrará de un plumazo 1.000 millones de euros en el capítulo de deuda ordinaria, el valor total de la adjudicación, aunque sólo ingrese de entrada 300 millones. El resto, se pagará durante los 50 años que dure la concesión.

Resolución del TSJC

En el primer documento, el comité legal dirigido por Gallo suspende temporalmente la adjudicación que ha denunciado Agbar porque el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ya ha tomado decisiones relativas a este concurso público. Concretamente, también a instancias de la gestora de aguas de Barcelona, los magistrados catalanes reclaman al departamento de Recoder que muestre la información que no es confidencial del expediente de concesión de ATLL.

El máximo tribunal catalán incluso hace una lista de los documentos que Territori i Sostenibilitat tiene que facilitar a Agbar para que ésta pueda construir la base legal del contencioso que ya ha anunciado que presentará para impugnar el concurso.

Este es un procedimiento habitual del OARCC. Su función es mediar en los conflictos que derivan de cualquier adjudicación de la Generalitat, un paso previo a litigar en la justicia ordinaria. Pero si un tribunal ya ha empezado a tomar cartas en el asunto, habitualmente adoptan decisiones muy prudentes: suspenden temporalmente el concurso hasta que el magistrado de turno dicte sentencia.

Servicio esencial

Pocas horas después de la primera interlocutora, Gallo firma un segundo documento en el que hace hincapié en que ATLL es una empresa pública que da un servicio “esencial y básico”: abastece de agua a unos cinco millones de catalanes, hace la gestión del líquido desde el lugar de captación (pantano o desalinizadora) a los depósitos de cabecera de los municipios.

“Vistas las alegaciones hechas por las partes, este OARCC, ponderando los intereses en juego, considera que el interés público que se alega es superior a los perjuicios que podrían derivarse”, puntualiza. Por lo que decide “levantar la suspensión”.

La batalla del agua en Catalunya se puede seguir librando en la justicia ordinaria.