La Generalitat recorta la indemnización a los Entrecanales por ATLL
El Ejecutivo catalán quiere pagar al consorcio liderado por Acciona menos de la mitad de lo previsto
La Generalitat quiere recortar la factura que deberá pagar a los Entrecanales (Acciona) por la renacionalización de Aigües del Ter Llobregat (ATLL), la más importante de las que se van a llevar a cabo en España.
La administración catalana remitirá en los próximos días el expediente de resolución, en el que figurará la cantidad a abonar al grupo. Este total, según avanza El Confidencial, oscila entre 150 y los 170 millones de euros.
La cantidad es casi la mitad de lo que esperaba recibir el grupo empresarial (308 millones) y se pone sobre la mesa meses después de que el Tribunal Supremo anulara la privatización en febrero de este año.
La cifra es más llamativa si se compara con las previsiones de otros expertos. El último informe de la Autoridad Independiente Fiscal (Airef) sobre el plan económico financiero (PEF) de Cataluña calculó que el impacto sería de entre 592 y hasta 890 millones de euros.
En concreto, en el documento se especificó que, “de computarse en este ejercicio el efecto de la sentencia de revocación de la adjudicación de Aigües Ter Llobregat, que tuvo lugar en 2013 a favor de Acciona, se produciría un empeoramiento del déficit de la comunidad entre tres y cuatro décimas del PIB catalán”.
Los presupuestos catalanes, el último escollo
El pago, además, tendrá que esperar. No se producirá hasta que se traslade a los presupuestos de la Generalitat del año 2019, cuya presentación está fijada para el mes de noviembre y siguen sin tener asegurado el respaldo parlamentario suficiente para salir adelante.
Todo ello invita a pensar que se tardará en dar carpetazo al conflicto que se inició en 2012, cuando el Ejecutivo catalán, entonces presidido por Artur Mas, adjudicó ATLL a un consorcio formado por Acciona, BTG Pactual y diversos accionistas minoritarios catalanes, entre los que se encontraban empresas de las familias Godia y Rodés.
Se adjudicó la gestión del agua para cerca de 4,5 millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona, en una operación que supuso la mayor privatización de la historia impulsada por la Generalitat.
