La Generalitat reclama 700.000 euros de formación a la CCC
El Govern denuncia que la patronal recibió fondos para cursos que nunca realizó y ha detectado irregularidades en cursos terminados
Poco a poco, van aflorando los problemas de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) con la formación. Desde que la junta presidida por Maria Rosa Eritja presentó el preconcurso, los centros de formación ya denunciaron que les debían 1,6 millones, la mayoría de los cuales (1,3 millones) por la retención de unos porcentajes que nunca se devolvieron.
Ahora, la desaparición de dichas cantidades está en la mesa de la fiscalía, por iniciativa de la Generalitat, pero se ha abierto otro frente para la extinta patronal de los comerciantes: el Govern, que le otorgaba cursos a través del Consorci per a la Formació Contínua, le reclama 700.000 euros de formación, según explicaron fuentes de la consejería de Trabajo.
La deuda dejada por la CCC a la Generalitat se estructura en dos partes: por dinero avanzado para cursos que no se hicieron y por irregularidades detectadas en cursos realizados y abonados. Además, como explicó Economía Digital, la patronal presentó concurso con un crédito de 202.000 euros por pagar al Institut Català de Finances (ICF), con lo que el roto a la administración catalana supera los 900.000 euros.
Cursos que nunca se hicieron
El Consorci reclama a la CCC 433.000 euros avanzados para cursos adjudicados en 2015 y 2016, pero que luego no se realizaron. Unos 345.000 euros corresponden al año pasado, y el resto a este año.
El pago de los fondos funciona de la siguiente manera: cada año, cuando se asigna la formación, cada organización adjudicataria recibe el 25% del coste de todos los cursos que realizará. En el momento de iniciar algún curso, aunque sea uno sólo, recibe un 35% más, con lo que ya cuenta con el 60% de la subvención total. El 40% restante se paga cuando termina la formación.
En 2015, el Consorci asignó cursos a la CCC por valor de 576.000 euros. Para poder cobrar al menos el 60% del total, la organización, todavía bajo el mando de Miquel Àngel Fraile y con la formación a cargo de su mujer, Rosa María Serrano, inició dos cursos. Así, cobró unos 345.000 euros por cien cursos, cuando en realidad sólo empezó dos. En 2016 cobró 90.000 euros más.
Irregularidades en las facturas
Además de los cursos no realizados, la Generalitat también reclama cerca de 270.000 euros a la Confederació de Comerç por irregularidades detectadas en formaciones hechas desde 2011. Cuando acaba un curso, la administración, sea el Consorci o la Fundación Tripartita española, paga el 100% de su coste, pero revisa todas las facturas, asistencia, temario, etc., para comprobar que cumplió con lo convenido en la adjudicación.
El Govern detectó desajustes en varios cursos asignados a la CCC y le reclama esos casi 270.000 euros. Se trata de facturas duplicadas, precios excesivos por la gestión de los cursos, servicios facturados que no eran los que correspondían, etc.
La Generalitat, primer acreedor
Los 700.000 euros que la Generalitat reclama a la Confederació no constan en el primer informe de su administrador concursal, al que ha tenido acceso Economía Digital. El Govern lo comunicó hace unas semanas, tras el recuento por parte del Consorci y de Trabajo y la posterior comunicación la consejería de Economía. La cifra llegó tarde a la redacción del informe concursal, fechado el 21 de noviembre.
La deuda de la CCC, según los datos del administrador, es de 4,43 millones de euros. Con estos 700.000 euros, superará los 5 millones. Y, con 900.000 euros –sumando los 200.000 del ICF–, la Generalitat desbanca al Santander como principal afectado por la quiebra de la patronal de los comerciantes catalanes.
