La Generalitat puede con Cabify: sega clientes y reduce la facturación

El real decreto de la Generalitat de Cataluña, que salvó el Mobile World Congress (MWC), contentó a medias al taxi de Barcelona y provocó la salida de Uber en Barcelona, ha tenido consecuencias económicas para Cabify que no se conocían hasta hoy.

La tecnológica española, que regresó a la capital catalana en marzo con un nuevo modelo de negocio  — dejó de ser una plataforma que pone en contactos viajeros y chóferes para convertirse en una agencia de viajes —, está registrando unos resultados por debajo de los cosechados antes de la regulación catalana.

El primer aspecto que se ha resentido es la capacidad de captación de clientes. El recurso que la compañía ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC), al que ha tenido acceso Economía Digital, contra la normativa del AMB de Ada Colau concreta los números: Cabify ha captado desde marzo, mes de su regreso, a junio aproximadamente 37.227 nuevos clientes.

Se trata de una cifra que está muy por debajo (un 53%) de los datos de captación de los cuatro meses anteriores (de septiembre a octubre), cuando la compañía logró hacerse con 79.311 nuevas altas pese a que tenía la competencia de Uber. 

Cabify capta la mitad de clientes en Cataluña por culpa de la nueva regulación catalana

Es decir, pese a que la compañía celebró su regreso a Barcelona destacando el respaldo de la gente, los resultados no han sido mejores que en el pasado. Cabify afirmó registrar 50.000 nuevas altas 24 horas después de anunciar su regreso, pero la mayoría de la gente que contabilizó eran usuarios que ya tenían instalada la aplicación y únicamente debían contratar los nuevos términos y condiciones. 

Con todo, las cifras de usuarios siguen muy alejadas de las registradas a finales de 2018. La compañía de movilidad, que vio cómo la demanda de viajes a través de la aplicación se duplicó con un crecimiento del 112% entre 2017 y 2018, alcanzó casi un millón de usuarios registrados en la capital catalana. 

Los datos podrían ser peores si hubiese salido adelante la precontratación del reglamento del AMB, algo que finalmente no ha sucedido. El despacho Cuatrecasas, representante legal de Cabify, alega en su recurso contra el AMB que con la ampliación del tiempo de contratación (de 15 a 60 minutos) se produciría una pérdida adicional de usuarios del 17% y una disminución de la base de usuarios del 70%.

Este intervalo de tiempo ha sido suspendido de manera cautelar recientemente por el TSJC, pero todavía no se conoce cuál será la resolución definitiva, que además deberá tener en cuenta las alegaciones de otras entidades, como la ACCO o la patronal Unauto, además de Cabify. 

Menos ingresos para Cabify

Ambos datos, siguiendo las alegaciones de la compañía, «conllevaría un descenso en los ingresos y la imposibilidad de que la compañía cubriera sus costes operativos» que se agravarían con la entrada en vigor del reglamento del AMB. 

Cabify alega que se reduciría su volumen de facturación en las dos sociedades actuales con las que opera: Prestige and Limousine y Vector Ronda. La primera estaba ligada al exjefe del taxi José Antonio Parrondo y la segunda a Rosauro Varo, un afamado empresario que viene del mundo de las telecomunicaciones. Con su regreso a Barcelona, la tecnológica española compró el 100% de las acciones de una sociedad y otra para explotar directamente las licencias VTC.

Respecto a Prestige and Limousine, se calcula una caída de la facturación en torno al 50,64% respecto al año pasado tras pasar de ingresar 7,76 millones de euros a 3,83 cuando termine este año.

En Vector Ronda, por su parte, el recorte será mucho más severo. Pasará de tener un volumen de negocio de 2,4 millones de euros, una cifra que está a años luz de la registrada el año anterior (11,14 millones de euros), lo que supondrá una caída del 78%. 

Puestos de trabajo en peligro

Otro ámbito que saldría perjudicado si el reglamento del AMB se hubiese aprobado en su integridad sería el laboral. «El daño social al que nos referimos se concreta en la pérdida de puestos de trabajo e ingresos para 269 familias», explican.

Algunos de estos ajustes si que podrían llevarse a cabo porque, pese a que la precontratación con una hora de antelación ha sido suspendida cautelarmente, la reducción en los días y horas hábiles para el ejercicio de la actividad todavía sigue vigente.

Este aspecto conlleva la necesidad de reajustar la plantilla de las empresas afectadas hasta en un 50%. Por ejemplo, solo en el caso de Prestige, afirman, el número de conductores que deberían ser despedidos por no poder ser reasignados a turnos distintos a los del fin de semana es de 43.