La Generalitat pleiteará contra la sentencia del caso Spanair

El gobierno de la Generalitat apostó fuerte por Spanair para convertir el aeropuerto de El Prat en referente Europeo. Para ello, se estima que llegó a invertir, junto a Fira de Barcelona, cerca de 150 millones de euros. Pero el proyecto no despegó y acabó con la quiebra de la aerolínea, que dos años después le ha pasado factura al ejecutivo catalán.

Este miércoles, el juzgado número 10 de Barcelona ha condenado a Soriano, a la empresa pública Avançsa –en representación de la Generalitat– y al resto del consejo a pagar una multa de 10,8 millones de euros que deberán asumir de manera solidaria. Es decir, a partes iguales. Pero el ejecutivo catalán ha asegurado que está dispuesto a plantar cara a la sentencia.

Tejido empresarial

La apelación la ha avanzado el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, que ha reaccionado al fallo judicial reconociendo que “no es una buena noticia pero que hay razonamientos jurídicos que nos hacen ser optimistas”.

El consejero también se ha mostrado esperanzado de que el caso Spanair “acabe bien porque el país necesita empresarios capaces de arriesgarse para conseguir empleo y la viabilidad de las compañías con sede en Catalunya”.

Sanción e inhabilitación

La sentencia, que puede ser recurrida, multa a Soriano, a la Generalitat, y al resto de la cúpula por cometer un retraso en la presentación del concurso de acreedores y optar por una “huida hacia adelante” vendiendo billetes a pesar de ver frustradas sus opciones de ampliar el accionariado con un nuevo socio estando en una situación práctica de insolvencia.

A la sanción se suma la inhabilitación durante dos años de la cúpula así como de la institución Fira de Barcelona.