La Generalitat entregó la desalinizadora de El Prat a Ferrovial por un 19% más que a Agbar
Las alegaciones al concurso y el conflicto laboral subyacente al cambio de gestión obligan a Aigües Ter-Llobregat a dar marcha atrás y anular el concurso. Asumirá la instalación sin contar con el sector privado
La desalinizadora de El Prat es el último capítulo, por ahora, de la guerra abierta entre la Generalitat y Aguas de Barcelona (Agbar) a raíz del polémico cambio de normativa sobre el canon del agua. La relación se ha deteriorado tanto, que ha enturbiado el proceso de renovación de los contratos de gestión de la instalación, clave para superar los episodios de sequía según defendieron en su día los gobiernos socialistas de Catalunya.
La unión temporal de empresas (UTE) que construyó y que desde hace dos años gestiona la desalinizadora, de las mayores de Europa, presentó la oferta más competitiva en el concurso público para encargarse de la instalación hasta 2014. Concretamente, el precio que la UTE liderada por Agbar, en la que también participa ACS y Dregrénont, era un 18% menor al planteado por Cadagua, la filial de Ferrovial, y que finalmente logró el contrato.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Economía Digital, Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la empresa pública titular de la instalación, comunicó a Agbar que apeaba a la UTE del concurso por presentar un precio “temerariamente bajo”. La Generalitat dio tres días al grupo de empresas para que presentara la documentación que justificase cómo iba a lograr ese precio más reducido, tasado en 220.000 euros al año.
Marcha atrás
Tras estudiar las alegaciones, ATLL se mantuvo firme y adjudicó la desalinizadora a Ferrovial a partir del 1 de abril. El contrato no se llegó a firmar debido al plante de los 19 trabajadores, que se negaron a renovar debido a las condiciones laborales planteadas por Cadagua, “sensiblemente inferiores a las anteriores”.
ATLL ya ha comunicado a los profesionales de la planta que mantendrá las condiciones laborales y que asumirá la gestión de la instalación temporalmente sin la ayuda del sector privado. Este martes, comunicó a Cadagua la marcha atrás en el concurso. Fuentes del sector esperan que la Generalitat abra el proceso de privatización en pocos meses.
Relaciones viciadas
La relación entre Agbar y la Generalitat no pasa por sus mejores momentos. El Gobierno catalán cambió con los presupuestos autonómicos el método para recaudar el canon del agua que grava la factura en Catalunya. Según la nueva normativa, las empresas suministradoras deberán cobrar directamente la tasa y están obligadas a pagar a la Generalitat aunque los clientes finales no liquiden ese importe.
Ferrovial por su parte está salpicada en la presunta financiación ilegal de Convergència a través de la fundación Trias Fargas. Según la investigación del caso Palau, la constructora habría sido la beneficiaria, junto con otras empresas, de diferentes obras adjudicadas en los últimos meses del gobierno Pujol, correspondientes a diferentes tramos de la línea 9 del metro de Barcelona y a la creación de la Ciutat de la Justicia en L’Hospitalet (Barcelona). Millet habría desviado 1,3 millones entregados al Palau por Ferrovial a la entidad pro convergente.
