La Generalitat aprueba el decreto anti-Uber
El Govern da luz verde a la nueva normativa que regula la actividad de los vehículos de turismo con conductor (VTC)
Las VTC repuntan en Barcelona pese al veto de Colau. En la imagen, varios centenares de vehículos VTC de Uber y Cabify en la Avenida Diagonal, en Barcelona. Foto: EFE/MP
Luz verde al decreto anti-Uber de la Generalitat. El gobierno catalán acaba de anunciar la aprobación del decreto que ley que regula y limita la actividad de los servicios de alquiler de vehículos con autorizaciones VTC, los que utilizan los conductores que trabajan con Uber y Cabify.
La norma prevé una precontratación con un intervalo mínimo de 15 minutos y habilita a los ayuntamientos o entes metropolitanos a que lo amplíen. Es previsible que este tiempo mínimo tiempo de precontratación se aumente hasta a una hora por parte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), algo que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, su presidenta, ya avanzó que haría antes de marzo.
La Generalitat fija una precontratación de 15 minutos, pero el AMB se comprometió a aumentar el tiempo hasta en una hora
El Govern abre esta puerta porque cree que el AMB tiene competencias sobre varios aspectos. Uno es la utilización del dominio público viario, otro es la contaminación atmosférica o la gestión del tráfico urbano.
Asimismo, entre otras condiciones, el reglamento prohíbe la geolocalización previa y también que los vehículos VTC circulen por las vías captando clientes.
Estas condiciones obtuvieron el visto bueno de los taxistas durante la madrugada del pasado 24 de enero, cuando pusieron fin a sus movilizaciones. Antes, con solo los 15 minutos sobre la mesa, el taxi entendía que la normativa no rompía el modelo de trabajo de Uber y Cabify, por lo que convocaron una huelga indefinida.
Las VTC despedirán a más de 1.000 personas
Del otro lado, las principales empresas que gestionan vehículos con autorizaciones VTC, amenazaron con echar el cierre en Barcelona. El sector pidió hasta ayer, lunes, que la Generalitat no aprobase este decreto y advirtió de que, si lo hacía, se iniciaría un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por la «inviabilidad económica de estas compañías».
«Con esta norma es inviable la explotación y la rentabilidad de nuestras empresas. Por tanto, nos expulsa del sector del transportes en vehículos de hasta nueve plazas», cuenta a Economía Digital un alto cargo de la Patronal Unauto minutos después de conocer el contenido del decreto.
La primera en materializar su amenaza será Vector Ronda Teleport, principal tenedor de estos permisos en Cataluña (aproximadamente unos 600). La compañía, que está ligada a la plataforma Cabify, concretó ayer, lunes, su advertencia: despedirá a sus cerca de 1.000 trabajadores.
Pero no es la única compañía. En Cataluña hay otras dos grandes empresas que gestionan grandes flotas de vehículos VTC. Uno es el grupo Auro, controlado por José Antonio Parrondo, uno de los exjefes del sector taxi que tiene en su poder aproximadamente 400 licencias en la región.
Otro es Ares Capital, una empresa fundada en 1993 y que está integrada dentro del grupo Moove Cars, cuya presidencia está en manos por Jaime Castellanos, expresidente de Vocento, y dirigida por Manuel Puga y Rafael García-Tapia. Esta sociedad, sumando todas sus filiales, aspira con hacerse con una cuarta parte de todo el mercado de VTC a nivel nacional.
