La Fiscalía pide dos años de cárcel para la cúpula de Habitat

Este lunes, el juzgado penal número 22 de Barcelona empieza a juzgar a los seis acusados del grupo inmobiliario Habitat por el accidente laboral que tuvo lugar el 27 de julio de 2006 y acabó con la vida de cinco trabajadores y otros dos lesionados. Se sientan en el banquillo el presidente del grupo, Bruno Figueras, y el director general, Fernando Cirera. Para ambos, la Fiscalía pide dos años de cárcel y una multa de 15.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las acusaciones más graves recaen sobre el encargado de la obra, Miguel Ángel Luque, el de la empresas subcontratada que realizaba los trabajos, Fernando Mohino (Norbella SA), y el coordinador de seguridad y salud, Luis Aguilar. El Ministerio Público pide cuatro años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores, cinco delitos de homicidio por imprudencia y otros dos de lesiones por imprudencia. También les reclama una multa de 15.000 euros.

El último acusado es el director de ejecución, Javier Vives, al que piden dos años y seis meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, cinco faltas de homicidio por imprudencia y dos más de lesiones por imprudencia. En su caso la multa es menor, de 7.500 euros.

En la instrucción del caso también aparecen los responsables de la empresa FSI Obras y Servicios. Una sociedad que subcontrató a su vez a tres de los fallecidos, de origen pakistaní: Imitiaz Hammed, Abdul Qader y Amjad Ali. Dos de ellos no tenían la autorización necesaria para trabajar en España. Los otros dos obreros muertos son Francisco Javier Cortal e Isaac Casero.

Acuerdos económicos con casi todos los afectados

Mientras ha durado la instrucción del caso los letrados de la defensa han llegado a acuerdos económicos con todos los afectados, excepto la familia Cortal. La Fiscalía insta a los acusados a indemnizarla de forma conjunta con 180.000 euros por responsabilidad civil. Tendrán que asumirla, tal como se lee en su petición, las aseguradoras Winthertur, Mapfre y Amci Habitat. Esta última se trata de una filial participada por Agrupació Mútua.

Fuentes conocedoras del proceso han explicado a Economía Digital que la presión de los acusados sobre la familia se ha intensificado durante los últimos días. Incluso no descartan la posibilidad de que firmen un pacto antes de entrar en la sala. Un paso muy importante en el proceso, ya que las acciones para reparar los daños mitigan las penas.

CCOO se persona como acusación popular

Quien no ha movido ni un milímetro su posición inicial es la federación de construcción de CCOO de Catalunya. Se personan como acusación popular al lado del Ministerio Público y aseguran que su objetivo es “hacer que las normas de seguridad se cumplan”, en palabras de su portavoz, Alfredo Bienzobas.

“Cinco muertos es mucha gente, desde el primer día tuvimos claro que es imposible ceder en este caso”. CCOO pide penas más altas para los seis imputados, ya que les acusan de imprudencia grave. No existía ningún plan de seguridad específico en la zanja de canalización donde trabajaban los obreros antes de que se derrumbara el muro de contención, que no estaba apuntalado.

“Todo pasó muy rápido, en menos de una hora. Cayó precipitadamente por lo insegura que era”. Además, afriman que el plan de seguridad general “tiene muchos fallos”.

En el auto de instrucción el magistrado recoge que los trabajadores advirtieron a los responsables de la obra del peligro de derrumbe poco antes del accidente. Mohino les instó a trabajar en la zanja sin demora “porque se tenía que terminar antes de las vacaciones”.

El otro gran sindicato catalán, la UGT, no estará presente en el juicio. Fuentes de la Ciudad de la Justícia comentan que se personaron al inicio del caso, pero no han estado presentes durante la instrucción. Eso sí, los responsables de la construcción del sindicato han realizado junto a CCOO varios actos de protesta “para que nadie olvide qué pasó en la calle Almogàvers”.

Los acusados se acusan mutuamente

Por otro lado, los implicados en el caso destacan las tensiones y posiciones enfrentadas de los acusados. Incluso ha transcendido que se acusan entre ellos de la falta del plan de seguridad para los trabajos de urbanización. Las últimas tareas que se realizaban en la promoción del Poble Nou.

En su momento se tomó como un triunfo que se sienten en el banquillo de los acusados los altos directivos de Habitat. “Es difícil llegar hasta el gerente de la empresa, normalmente cargan las culpas los responsables directos de la obra”, afirma Bienzobas. Figueras y Cirera pasarán por la Ciudad de la Justícia tras refinanciar in extremis las deudas de la compañía y evitar el concurso de acreedores.

El juicio se prolongará durante toda la semana.