La Fiscalía funde al ex presidente de la patronal del metal

La Fiscalía mantiene en sus conclusiones definitivas la petición de hasta 11 años de cárcel para Antoni Marsal, ex presidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), que reúne cerca de 1.800 empresas catalanas que cuentan con unos 250.000 trabajadores.  

Marsal está acusado de apropiarse 772.000 euros de la patronal catalana del metal entre los años 2007 y 2012, de los que 369.100 euros, casi la mitad, procedían de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que debían destinarse a cursos de formación.  

La Fiscalía acusa a Marsal de un presunto delito de malversación de caudales públicos y, alternativamente, de fraude en subvenciones públicas. Aquí está el meollo jurídico del juicio. Por el delito de malversación obtendría penas más elevadas que por el de fraude en subvenciones. También se le atribuye una supuesta falsedad documental.  

El abogado de la Generalitat rebaja la petición a tres años y seis meses  

Respecto a las otras dos acusaciones públicas, la Abogacía del Estado, personada por el desvío de subvenciones del SEPE, propone penas similares a la Fiscalía. En cambio, el abogado de la Generalitat rebaja la petición a tres años y seis meses de cárcel por considerar que en el escándalo de la UPM tan sólo han perdido 11.000 euros, que fueron aportados por el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC).  

El abogado de Marsal considera que, por los hechos que le atribuyen a su cliente, tan sólo puede recibir una pena de seis meses de reclusión, una multa de 65.000 euros y una responsabilidad civil limitada a 133.000 euros por los fondos del SEPE.  

En el ejercicio anterior a su dimisión obtuvo 194.000 euros  

La Fiscalía mantiene que, tal como establecen los estatutos de la UPM, el cargo de presidente no estaba remunerado, si bien Marsal puso en marcha un plan para embolsarse cerca de 772.000 euros en seis años. Los importes anuales oscilan entre los 120.000 euros y los 194.000 que obtuvo en 2011.  

Durante el juicio, que empezó el pasado 6 de septiembre y que concluirá la próxima semana, la defensa de Marsal ha argumentado que debían diferenciarse sus funciones institucionales, como presidente de la patronal, que no eran retribuidas, de los trabajos que realizó como profesional para esta entidad. En síntesis, la defensa subraya que Marsal no ha cobrado como presidente sino por su dedicación profesional a jornada entera.  

En sus conclusiones, la fiscal insistió en que «por mucho que uno se crea poseedor de un derecho no lo puede ejecutar si no le corresponde». En otras palabras, «por muchos conocimientos y horas» que dedicase a la UPM, Marsal «no tenía derecho» a recibir los importes que se embolsó. La fiscal recordó que el mismo Marsal admitió en su declaración que el consejo y la junta directiva de la patronal no autorizaron estos pagos.  

Marsal y Hermosilla eran «los únicos» facultados para distribuir los fondos  

Entre los acusados también se encuentra el ex director general de la entidad, Ángel Hermosilla, y su esposa, así como un asesor fiscal y las responsables de formación y administración. La fiscal indicó que Hermosilla «tenía conocimiento» y supuestamente ayudó a Marsal para que éste pudiera desviar fondos públicos. La UPM actúa en este juicio como acusadora y acusada porque figura como responsable civil subsidiaria.

Marsal se embolsó el dinero a través de dos de sus empresas: MCR Capital y Activos Humanos, ya extinguida, y Cuatro 21. La fiscal mantiene que presentó facturas «mendaces», que no se correspondían con servicios prestados.  

Para el ministerio fiscal, Marsal y Hermosilla eran «los únicos que tenían capacidad para distribuir los fondos» que la patronal recibía para cursos de formación.