La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años de prisión y 2,5 millones de euros de multa para Rodrigo Rato. El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia se enfrenta a los tribunales por un supuesto delito de corrupción entre particulares, relacionado con la adjudicadión de contratos publicitarios de la entidad bancaria durante su mandato.
Esos contratos, por importe de dos millones de euros, fueron supuestamente adjudicados a las agencias de publicidad Zenith y Publicis, cuyos representantes habrían accedido a “condiciones ventajosas y preferentes a los concursos de publicidad que se iban a orquestar», según ha especificado el escrito de acusación del Ministerio Público. Los directivos de las dos entidades aceptaron la propuesta de Rato, «sabedores de las ventajas que el pago de comisiones iba a generar».
Este exige la misma pena para el supuesto testaferro de Rato, Alberto Portuondo, quien supuestamente contactó con ambas entidades, después de haber sido «introducido en el estricto círculo de confianza de Rato contactó a mediados de 2010».
Según el escrito del Ministerio, el exvicepresidente del Gobierno tenía una motivación “eminentemente económica» que se materializó a través de su sociedad Kradonara 2001, ubicada en Sotogrande, que recibió 835.024 euros en comisiones. El documento insiste en que Rato «con desprecio al principio del lealtad a que le obligaba su cargo, decidió sacar provecho económico» de su situación al frente de la entidad bancaria para favorecer los contratos.
La Fiscalía solicita también tres años de cárcel para José Manuel Fernández Nornielle, ex consejero ejecutivo de Bankia; Teresa Arellano, quién había sido secretaria personal de Rato; y Miguel Ángel Montero, otro de los presuntos testaferrros del exministro; personas “con quienes (Rato) mantenía desde hacía años vínculos personales y profesionales».
Estas tres personas habrían estado relacionadas directamente con el caso, y se conoce que Arellano firmó como “administradora única” de Kradonara 2001 durante cierto tiempo. Para «dar apariencia de legalidad a los pagos de comisiones que recalaban finalmente en Kradonada 2001, (Rato) suscribió un supuesto contrato de asesoría», subraya el informe de la Fiscalía.
Anticorrupción pide también 3 años de cárcel para diez personas más, entre las que se incluyen los directivos de Zenith y Publicis durante esas fechas, empresas que se enfrentan a una multa de 100 euros diarios durante dos años. A la lista también se añaden el abogado del exministro, Domingo Plazas; el exdirector de Comunicación Externa de Bankia, Miguel Robledo, y una de las empleadas de Rato, Beatriz Colomer. Los dos últimos, junto a Portuondo, habrían ejercido como “grupo de presión” en las contrataciones de la entidad.
