La fiscal ve »bastantes indicios de delito» en las franquicias Yves Rocher
Un tercio de los franquiciados de la cadena avanzan en la querella por estafa continuada y amenazas
La fiscal del caso Yves Rocher ve «bastantes indicios de delito» de la marca de cosmética francesa contra su red de franquiciados en España. La empresa ha solicitado en tres ocasiones el archivo de la querella en su contra, pero 50 comerciantes en España insisten en que Yves Rocher mantiene una estructura comercial destinada a estafarlos.
La fiscal encargada del caso, que instruye el juzgado número 4 de Vilanova y la Geltrú (Barcelona), ha pedido al tribunal que rechace el sobreseimiento porque ve indicios sólidos que podrían acreditar la apropiación indebida, la estafa, el delito informático y las amenazas denunciadas por las franquiciadas de la marca.
Un tercio de los encargados de las tiendas Yves Rocher han ido a juicio contra la marca, es decir, unos 50 de 150 franquiciados han acudido a los tribunales, según los denunciantes. Entre las denuncias reiteradas por casi todos se encuentra que la marca les roba con el sistema informático que realiza los inventarios de las tiendas.
«Les dicen que tiene que haber más stock del que hay y la empresa les hace creer a las franquiciadas que gestionan mal o que las están robando», explica el abogado David Perales, que representa a medio centenar de franquiciados de Yves Rocher.
La empresa, con presencia en España desde 1978, no hace comentarios sobre el proceso judicial en el que está inmersa. Simplemente asegura que cumple con la legalidad.
Cuentas maquilladas
Dos ex ejecutivos de la firma han reconocido que la firma de cosmética también maquillaba sus cuentas. El ex director regional, Daniel Beaudet, y el ex director de zona Arturo Peyarol, declararon en un escrito presentado ante el tribunal que la presión de la casa matriz por cumplir objetivos económicos hizo que la dirección española tuviera que falsificar los resultados.
El maquillaje contable tenía como único propósito captar a la cantidad de franquiciados que exige la compañía desde Francia, según los denunciantes.
«Las cuentas de explotación se hacían de abajo hacia arriba, es decir, simulando una cantidad de beneficio para inducir a la candidata a franquiciada a aceptar la propuesta y firmar el contrato, y no calculando la cifra de negocio con objetividad, y rellenando los gastos y demás datos al arbitrio de la voluntad del departamento financiero y la dirección», explicaron los dos encargados en una declaración idéntica en los juzgados.
