La disputa por el uranio de Salamanca termina en el tribunal de arbitraje de París

El tribunal de arbitraje internacional, con sede en París, será el encargado de decidir si la compañía española Enusa actuó de mala fe con la multinacional energética Berkeley en la explotación de uranio en Castilla y León. El grupo australiano firmó en enero de 2009 un acuerdo de colaboración con la empresa pública –está participada en un 60% por la SEPI— para realizar trabajos de exploración, investigación y, posteriormente, de explotación de los yacimientos dentro de su dominio minero en Salamanca, en el caso que fueran viables.

Pero la joint venture Newco nunca se ha llegado a constituir pese a los informes favorables que existen para iniciar la actividad. Los portavoces de Berkeley en España han explicado a Economía Digital que el estudio económico y financiero que realizaron prevé un valor actual neto de 80,3 millones de euros para el proyecto y una tasa interna de retorno (TIR) del 17% en 16 años. Ponen el acento en que la estimación está auditada por Accuracy, por lo que se trata de cifras “fiables” y que confirman la viabilidad de la inversión.

Pacto

El 24 de abril de 2009, el Gobierno de Zapatero dio luz verde a la operación. Incluye los yacimientos en las reservas de uranio del Estado en Salamanca por un plazo de 30 años, susceptible de prorrogarse por plazos iguales hasta un máximo de 90 años. Los australianos tendrían el 90% del consorcio y el 10% restante estaría en manos de Enusa.

Inicialmente, Berkeley pagó cinco millones de euros a la empresa pública por la adquisición del archivo histórico de los datos de exploración de los yacimientos. Entonces también se pactó que, en el momento en el que Newco empezara a operar, los australianos desembolsarían otros 20 millones por participar en la sociedad mixta.

Indemnización

En la demanda que ha planteado, piden 160 millones de euros a Enusa “por compensación por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento”. “Esta cantidad se verá incrementada por los intereses devengados hasta la fecha de pago de la citada compensación”, añaden en el comunicado que han hecho público este lunes.

Asimismo, recuerdan que las minas estatales de Castilla y León tenían asegurada una inversión cercana a los 1.000 millones de euros durante los 16 años de vida del proyecto y que implicaba la creación de 600 empleos durante la fase de construcción y entre 250 y 300 en la de operación. Por otro lado, la multinacional afirma que Enusa y el Estado han dejado pasar la oportunidad de ingresar más de 154 millones de euros, ya que el 100% de la inversión la asumía Berkeley. Una cifra que calculan entre impuestos, canon de producción y el reparto de dividendos, que sería del 10%.

Rentabilidad

Enusa ha declinado hacer declaraciones sobre el proceso. En 2002 dejó de explotar e investigar yacimientos en la zona y empezó a plantear el concurso público, que al final ganó Berkeley. Pero en los últimos 10 años el precio del uranio se ha incrementado y las empresas especializadas consideran que las minas salamantinas son viables económicamente.

Berkeley Minera ya ha invertido 22 millones de euros en la zona hasta la fecha. Además de los cinco por adquirir el archivo histórico de la empresa pública, también tiene un proyecto independiente para explotar dos yacimientos de uranio en las localidades de Retortillo y Villavieja de Yelte (Salamanca) cuya primera fase se ejecutará en 2013.