La crisis del textil va más allá de las empresas: el Gremio de la Confección de Barcelona se declara insolvente

El comité ejecutivo del Gremio de la Confección de Barcelona se ha visto obligado a presentar el pasado diciembre concurso de acreedores de la histórica asociación empresarial barcelonesa. La situación de las finanzas del gremio hacía imposible su continuidad en términos económicos y ha obligado a los órganos directivos a tomar decisiones drásticas: presentar la insolvencia, rescindir a todos los trabajadores de la entidad y poner en manos del juzgado los libros de la entidad.

La dramática situación financiera se detectó a partir del pasado 1 de septiembre. En aquella fecha se incorporó al gremio Sara Pérez, directora ejecutiva de la Agrupación Española de Género de Punto AEGP, para dirigir la gestión de la institución. Pérez sustituía en el cargo a Julián Lázaro que había pasado al régimen de jubilación el 30 de julio anterior. La incorporación de la nueva responsable se inscribía en el contexto de fusionar ambas entidades. “Habíamos de compartir del back office y el proyecto común”, explica la responsable de la AEGP.

Fue justamente Pérez quien advirtió que el gremio se hallaba en una situación de “insolvencia e inviabilidad” en los tres meses en los que dirigió el gremio. “En tres meses constaté que la situación era insostenible”, asegura la directiva. El Gremi no tiene activos realizables y hasta su sede de Gran Via la ocupa en régimen de arrendamiento. El diagnóstico realizado por la responsable de la institución entre septiembre y noviembre es compartida por el presidente del gremio, José Luis Marín, propietario de la empresa Masel, de l’Hospitalet. “Gracias a Ana Pérez conocimos cuál era la situación real: una bola financiera, una pirámide de poca monta”, explica. Pérez se desvinculó del gremio el 30 de noviembre pasado tras informar a los órganos directivos del verdadero estado económico y financiero del gremio.

Irregularidades con las subvenciones

Entre las irregularidades detectadas y que ha el Gabinete Malet ha ayudado a conocer sobresale el hecho de que subvenciones procedentes de organismos públicos como Icex o Acció que tenían a las empresas asociadas como destinatarias acabaran sirviendo para afrontar gastos corrientes de la institución. Al tomar consciencia de esa práctica dentro del gremio, el comité ejecutivo ha decidido también reformular las cuentas para que se ajustasen a la situación verídica. Las pérdidas estimadas por la consultora externa rondan los 300.000 euros, frente a unos beneficios estimados previos de alrededor de los 30.000 euros. “Se iban haciendo pagos con los ingresos que se recibían”, relata el presidente, quien asegura que los órganos directivos no habían sido informados de estas prácticas hasta que se produjo el relevo al frente de la gestión.

Además de presentar el concurso de acreedores, Marín y su equipo han decidido rescindir el contrato de los tres empleados y preparar la liquidación de la asociación empresarial nacida en 1921. La nueva situación convierte en un reto todavía mayor el proyecto de unión del gremio de confeccionistas con las empresas de género de punto. “La insolvencia lo hace imposible”, asegura Pérez.