Última advertencia a la Generalitat por su decreto anti-Uber
Competencia asegura que las normativas que están aprobando comunidades como Cataluña perjudican a consumidores sin servir a un interés general
La CNMC sigue con su oposición a las regulaciones aprobadas contra las VTC, las licencias que utiizan los vehículos como Uber y Cabify. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha advertido a las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, de que las normativas que están aprobando para los vehículos de alquiler con conductor tendrán «efectos perjudiciales para los consumidores y los usuarios» de este servicio.
El presidente del superregulador, José María Marín Quemada, ha enviado una carta a los consejeros autonómicos de transporte diciendo que las regulaciones autonómicas introducen restricciones sobre la competencia y perjudican a consumidores sin servir a un interés general.
Así, añade los casos específicos, además del catalán, de Baleares, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Estas comunidades ya han aprobado un decreto para regular los VTC en sus territorios o trabajan actualmente en él.
Competencia critica que todas ellas «coinciden en obligar» a que estos coches se contraten con un tiempo de antelación que oscila entre los quince minutos y la media hora. De hecho, las empresas que trabajan con estas licencias han asegurado que poner un tiempo de antelación supondría el fin de su negocio.
Por eso, tras la decisión de la Generalitat de aprobar el decreto de restricciones para Uber y Cabify, estas dos empresas anunciaron que dejaban de prestar servicio en la ciudad condal.
Críticas al gobierno catalán por su decreto anti-Uber
La CNMC recuerda un informe que emitió el pasado mes de enero sobre la normativa reguladora tanto del taxi como de los VTC en el que «insta» a todas las administraciones a regular para «proteger y beneficiar a los usuarios y al conjunto de los ciudadanos partiendo de un enfoque global de la movilidad urbana».
Así, exige una regulación global efectiva para los colectivos afectados: consumidores, vehículos VTC y taxis. Ya en su momento se situó en contra del decreto del ministro socialista José Luis Ábalos por el cual le pasaba las competencias a las comunidades autónomas. Acusó a Fomento de no justificar los recortes a Uber y Cabify en su decreto ley, la génesis de la nueva normativa de la Generalitat.
Además, no es el único organismo que se muestra en contra de la regulación. La ACCO, la Autoridad Catalana de la Competencia, también ha criticado en varias ocasiones el reglamento de la Generalitat, basado en el decreto ley de Ábalos.
