La CCC chantajea a los centros de formación con la deuda
La Confederació de Comerç propone a las escuelas quitas de hasta el 60%, pero pide sacrificios menores a las que sigan trabajando para ellos
Los centros de formación son el principal acreedor de la Confederació de Comerç de Catalunya, con una deuda de entre 1,6 y 1,8 millones de euros reconocida por la propia patronal. Por ello, la CCC, en situación de preconcurso de acreedores, ha iniciado ya las negociaciones con los centros, pero lo ha hecho con una propuesta de máximos y con trampas que las escuelas no están dispuestas a aceptar.
La CCC, dirigida ahora por Maria Rosa Eritja, ha propuesto a los centros quitas de hasta el 60% y el pago en cinco años, pero ha puesto una condición para forzarles a continuar trabajando con ellos. La quita será menor para las escuelas que accedan a continuar haciendo los cursos de la Confederació en las próximas convocatorias.
La viabilidad, en juego
El motivo de esta discriminación es de pura viabilidad. El plan entregado por la patronal a los centros reconoce que continuar haciendo formación es vital para salvar a la CCC, que tiene un agujero patrimonial de 2,6 millones de euros y está en preconcurso. Como explicó Economía Digital, cerca del 80% de su presupuesto depende de los cursos.
Al ser su primera fuente de financiación, con mucha diferencia, si se quedan sin la formación, sus posibilidades de supervivencia tenderían a cero. Pero hay un problema. La mayoría de escuelas no quieren saber nada de la CCC: debe dinero a 74 centros y 21 formadores por los depósitos de garantía, y no ha pagado los cursos de la segunda mitad de 2015.
Ante esta situación, la patronal ha puesto un incentivo a las escuelas que continúen trabajando para ellas. En las propuestas de quitas, pide mayor renuncia en el cobro de la deuda a las escuelas y profesores que no quieran hacer cursos con la CCC.
En función de si hay «colaboración»
La patronal ha dividido su deuda con los centros en cuatro partes. Por un lado, los fondos de garantía, entre los resueltos judicialmente y los que no. La mayoría, por valor de más de 800.000 euros, ya están resueltos, por lo que ya deberían haber sido devueltos. Sin embargo, ha pedido una quita del 60%, que sería del 50% si la escuela acepta continuar trabajando para la organización.
Respecto a los fondos de garantía sin resolver, por valor de 520.000 euros, no hay propuesta: no se pagarán hasta que no haya resolución. El objetivo de estos fondos era cubrirse ante una posible resolución negativa, y se debían devolver al final del proceso. Como todavía no se ha llegado a éste, no se abonarán.
El resto de la deuda es de los cursos hechos en 2015 y no abonados, de unos 250.000 euros, y la deuda con los profesores, de unos 35.000 euros. En estos casos, la quita solicitada es del 35%, que rebaja al 25% si los centros, o en su caso los profesores, siguen con la CCC.
El pago se haría en cinco años y de forma ascendente en el caso de los fondos de garantía, que suponen el mayor montante, y descendente en el caso de los cursos impagados y los profesores. Con la propuesta de la patronal, terminaría devolviendo 692.735 euros, de los más de 1,6 millones de euros, en caso de «colaboración con la CCC», o 568.941 euros si ningún centro ni profesor quiere seguir trabajando con ellos.
