La batalla judicial por Cacaolat termina en el Supremo
El Comité de Cacaolat y los sindicatos apoyan al juez de Barcelona que dictó un auto en el que rechazaba la inhibición que le pedía el titular del concurso de Clesa
La batalla judicial por Cacaolat, la única pera en dulce de Clesa, el antiguo imperio alimenticio del clan Ruiz-Mateos, se complica. Como era de esperar, el cruce de autos entre los jueces responsables de los concursos de acreedores de Cacaolat y de Clesa, dueña del 95% del capital de la popular marca de batidos, ha terminado en una instancia superior, que deberá dirimir quién tiene razón.
El Tribunal Supremo decidirá qué sala es competente para vender la empresa: si el número seis de Madrid, donde se instruye el proceso de suspensión de Clesa, o el número uno de Barcelona, donde se dirige el concurso de Cacaolat.
El 3 de agosto, Francisco Javier Vaquer dictó la venta anticipada de las acciones que Clesa posee de Cacaolat (el 95% del capital) por un mínimo de 20 millones y, al mismo tiempo, envió a Barcelona un auto en el que pedía a su homólogo, Enrique Grande, que se inhibiera del proceso de “enajenación de bienes y derechos mercantiles” de Cacaolat y que suspendiera, entre otras acciones, su venta para derivarla a Madrid por acumulación de actuaciones concretas en dos procesos, que en Madrid entienden como único.
La respuesta fue inmediata. El juez barcelonés, a las pocas horas de recibir la petición de inhibición, dictó un contundente auto con el que, como avanzó Economía Digital, frenó en seco las pretensiones de Vaquer para Cacaolat. El martes, según el calendario previsto, se celebró la due diligence en la que los cuatro grupos aspirantes a adquirir los activos de Cacaolat recibieron información del estado contable de la compañía. El 16 de septiembre se recibirán las ofertas vinculantes, si no hay novedades judiciales.
Los sindicatos, con Grande
El comité de empresa de Cacaolat y los sindicatos CCOO y UGT han manifestado su apoyo al juez del mercantil de Barcelona que tutela la venta de Cacaolat y que ha apostado por continuar con la puja entre las empresas interesadas en las plantas en Cataluña y Aragón. En un comunicado, el comité ha rechazado cualquier tipo de operación económica que no vaya acompañada del mantenimiento de todos los puestos de trabajo y la continuidad del proyecto industrial.
Además, han advertido de que no dudarán en movilizarse se ven peligrar el futuro de las plantas, en el aire tras el concurso de la compañía, controlada por Clesa (Nueva Rumasa).