La banca se compromete a prestar servicios presenciales en todo el país
Más de 660.000 personas podrán utilizar los servicios presenciales ofrecidos por la banca
La banca se ha comprometido con el Gobierno a prestar servicios financieros de forma presencial en todo el país y, por tanto, a desplegar la soluciones que sean necesarias para lograrlo. De esta manera más de 660.000 personas, lo que supone un 1,4% de la población, podrán beneficiarse de los servicios presenciales ofrecidos por la banca, con los que a día de hoy no contaban.
Tras una reunión entre la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y los representantes de las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc, se ha alcanzado el acuerdo que ambas partes han considerado una muy buena noticia para ese porcentaje de la población que a día de hoy no puede acceder a este tipo de servicios.
En un plazo de seis meses, los cerca de 250 municipios de más de 500 habitantes sin acceso físico al efectivo, lo que se traduce en unas 211.000 personas, pasarán a tenerlo ya sea con una sucursal, un cajero, una oficina móvil -ofibus-, un agente de zona, la ayuda de Correos o la de otro establecimiento capaz de aportar efectivo.
En el caso de no encontrar ninguna de estas soluciones en ese plazo, las patronales se comprometen a instalar un cajero genérico, que podrían utilizar clientes de distintas entidades, durante un plazo de seis meses más hasta aprobar la fórmula definitiva.
Por otro lado, el sector también se ha comprometido a ofrecer un servicio presencial en aquellos cerca de 3.000 municipios de menos de 500 habitantes, en lo que viven unas 446.000 personas, lo que permitiría llegar al objetivo de que haya servicios presenciales en el 100 % del país.
Este objetivo superaría incluso a las cifras de 2008, el momento álgido en el número de sucursales y cajeros en España, han destacado tanto Calviño como las patronales bancarias.
Además, para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, habrá un experto «independiente» al que la banca le encargará un seguimiento y un informe anual.
La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, ha querido insistir en que es un día para estar orgullosos de los bancos y su función social, al tiempo que ha mostrado su deseo de que «ojalá» otros servicios tuvieran ese mismo nivel de cobertura.
Proteger a las familias vulnerables
Al margen del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el sector financiero, las dos partes han quedado en volver a reunirse para ir buscando soluciones que protejan a las familias más vulnerables de la subida del euríbor y el encarecimiento de las hipotecas.
Calviño ha destacado que desde 2019 hay mecanismos de protección gracias a que resulta más fácil cambiar de una hipoteca variable a una a tipo fijo, pero también otras iniciativas como carencias, refinanciaciones o daciones en pago para evitar desahucios.
Aun así, aboga por buscar nuevas soluciones para las familias que puedan verse en mayores dificultades y ha elogiado la «actitud constructiva» del sector para apoyar en lo que sea necesario, como también para canalizar las ayudas europeas, aunque este no haya sido un tema de los que hoy se han tratado.
Preguntado por este asunto, la presidenta de la AEB ha mostrado la disposición del sector aunque también ha puntualizado que por el momento las entidades no ven un problema y ha recordado que la situación actual es muy distinta a la de 2012, cuando la economía estaba en recesión, los precios de la vivienda caían y las familias estaban altamente endeudadas.
En la misma línea, el director general de CECA, José María Méndez, ha subrayado que la morosidad del crédito hipotecario sigue siendo muy baja porque está en el 2,6%, pero ello no quita para iniciar una «reflexión» pensando en esos colectivos más vulnerables que pueden verse afectado por la normalización de los tipos de interés.
«Nosotros, como sector, iremos actuando para tratar de solventar la situación para los colectivos vulnerables», ha añadido.
Autoridad de Defensa del Cliente Financiero
Sobre la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, Calviño ha explicado que ahora está terminando el proceso de consultas y están a la espera de algunos informes, entre ellos el del Consejo de Estado, para poder llevarlo al Consejo de Ministros «cuanto antes».
«Estamos acelerando al máximo los plazos», ha apuntado para luego añadir: «No puedo ir más allá de la voluntad de que cuanto antes se apruebe el proyecto de ley». Luego dependerá del trámite parlamentario, pero la vicepresidenta confía en que sea un proceso «muy ágil» y en la primera parte del próximo año la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero «ya esté creada».