La Audiencia Nacional imputa al presidente de Iberdrola por el ‘caso Villarejo’
El tribunal investiga a Ignacio Sánchez Galán por haber contratado los servicios del excomisario para investigar, entre otros, a Florentino Pérez
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha hecho pública este miércoles la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en el procedimiento que investiga si la compañía contrató al excomisario José Manuel Villarejo para que espiase, entre otros, al presidente de la constructora ACS, Florentino Pérez.
El juzgado central de Instrucción número 6 sigue las demandas de la Fiscalía Anticorrupción y citará como investigados tanto a Sánchez Galán como a otras tres personas: el director general de negocios de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; el que fuera presidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y el exjefe del Gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo.
A los cuatro directivos se les acusa de un delito continuado de cohecho activo, contra la actividad y falsedad de documento mercantil.
Una derivada de la operación Tándem
El caso actual es una derivada de la pieza 17 de la operación Tándem, que investiga a Villarejo. La investigación se remonta a finales de 2019, cuando se publicó que Iberdrola contrató al excomisario para espiar a un juez, infiltrarse en instituciones contrarias a la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes e investigar a accionistas críticos.
La propia cotizada admitió haber contratado a Villarejo entre 2004 y 2017 para 17 servicios, tras realizar dos investigaciones internas. Según defendió, los servicios siempre fueron de tipo ordinarios y cumplieron con todos los protocolos y controles de la compañía.
Para defender su postura, Iberdrola escribió en mayo al juez para solicitar la declaración voluntaria de todos los administradores y empleados, Sánchez Galán incluido, en su intento de terminar con la sombra de sospecha que rodea las relaciones con el excomisario.
En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa lamentó que la investigación «ha sido aprovechada por competidores que, directa o indirectamente, han atacado la reputación y buen nombre de la compañía».