La Audiencia Nacional bloquea la venta del Club Riviera de Castelldefels

El Club Riviera no se puede vender. Cuando en junio pasado se desplegó la Operación Pompeya contra el blanqueo de capitales procedentes de la prostitución, el juez Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, bloqueó centenares de propiedades entre las que se encuentran dos edificios contiguos de la Autovía de Castelldefels que acogieron el que fue el mayor prostíbulo de España hasta que en 2009 se clausuró por orden judicial.

El 29 de junio pasado, el mismo día que se inició la Operación Pompeya, el Juzgado de Fernando Andreu ordenó que se anotase en las hojas del Registro de la Propiedad correspondientes a las dos fincas del Club Riviera la «prohibición» de venderlas o enajenarlas. Esta anotación se realizó en virtud de una pieza judicial separada por la que se investiga el patrimonio de los propietarios del prostíbulo.

La empresa se encuentra en fase de liquidación

Precisamente, esta prohibición de la Audiencia Nacional ha impedido que se cierre la venta de los inmuebles del Club Riviera, propiedad del restaurante Hotel Riviera SL, empresa que se acogió a un concurso de acreedores en 2010 y que ahora se encuentra en proceso de liquidación. El Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona autorizó la venta de los dos edificios, que se adjudicaron a un comprador, pero la operación no se ha podido inscribir en el Registro de la Propiedad por el veto de la Audiencia Nacional, según precisa Manuel Matesanz, uno de los administradores concursales. Matesanz no revela la identidad de los compradores ni el importe de la operación.

Restaurante Hotel Riviera SL figura como titular de dos fincas en la Autovía de Castelldefels: el Hotel Riviera, una antigua instalación turística reconvertida a finales de los noventa en un prostíbulo, y un edificio anexo, que era una empresa de componentes metálicos que compraron posteriormente para ampliar el lupanar.

Herrero está acusado de blanquear capitales en Kazajistán

Entre los accionistas de Restaurante Hotel Riviera SL se encontraban Antonio Herrero Lázaro y José Vera Ruiz, detenidos en junio pasado por orden del juez Fernando Andreu a raíz de la Operación Pompeya. Herrero está acusado de un presunto delito de blanqueo de dinero de sus negocios de prostitución mediante la construcción de viviendas en España, Panamá, Camerún, Etiopía, Irak y Kazajistán.

Antonio Herrero ya fue detenido en 2009, esta vez por orden de la juez Elisabeth Castelló, del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, con motivo de la trama de corrupción policial en los prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels. En mayo de 2014, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Herrero a 8 años y 11 meses de prisión, pero el Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado octubre, le exculpó de los delitos de inducción a la prostitución y asociación ilícita, motivo por el cual le rebajó la pena a 1 año y 11 meses. En esta última sentencia también se deja sin efecto la clausura judicial de los clubs y la disolución de las empresas que los regentaban.

El Ayuntamiento de Castelldefels mantiene que ni el Riviera ni el Saratoga van a reabrir sus puertas porque no les restituirán las licencias que tenían. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña todavía no se ha pronunciado sobre un recurso por defecto de forma interpuesto por la empresa que regentaba el Club Riviera.

Al amparo de la sentencia del Supremo, este prostíbulo podría intentar reemprender su actividad, pero la Operación Pompeya, en la que se detuvo a sus dos principales propietarios, supone una losa. Manuel Matesanz, administrador concursal, señala que la empresa a la que se le adjudicaron los dos edificios en el proceso de liquidación no tiene nada que ver con sus anteriores propietarios.