Josep Font pide ahora 497 millones por la mitad de Bon Preu

El primer capítulo de la guerra fratricida entre los hermanos Font queda visto para sentencia. El conflicto entre Joan, presidente de Bon Preu, y Josep, vicepresidente, amenaza con convertirse en un serial. Este miércoles ambos se vieron las caras en los juzgados y Josep Font insistió en que su hermano debe comprarle su mitad de la empresa tras años sin repartir dividendos. Puso un nuevo precio sobre la mesa: 497 millones de euros.

A lo largo del enfrentamiento, ambos bandos encargaron sus propias valoraciones antes de ejercer el derecho de separación de socios, previsto en los estatutos de la empresa. La primera, solicitada por Josep, fue realizada por Mazars y fijó un precio de 960 para toda la empresa. A su vez, Joan pidió un informe a Faura-Casas, que marcó el precio en sólo 380 millones.

Ante las diferencias, el vicepresidente acudió a Grant Thornton, que disparó el precio de Bon Preu hasta los 1.100 millones. En cambio, el presidente tocó el timbre de KPMG, que situó la compañía en 600 millones. Eso sí: avisó de que en caso de venta, el valor del 50% sería sólo de 210 millones. Al haber una diferencia superior al 25% entre las distintas valoraciones, todas quedaron invalidadas.

Josep Font trata de elevar la valoración de KPMG para evitar que Bon Preu se divida en dos

Sin embargo, este miércoles los abogados de Josep Font trataron de encontrar una vía para acercar las auditorías y que el conflicto no se encamine hacia la partición de la compañía, tal y como pretende Joan. Por ello, solicitaron la comparecencia del perito Manuel García-Ayuso ante el juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona. Desacreditó la validez de todos los informes a excepción de la de Grant Thornton,

A preguntas del abogado defensor, del despacho Ceca Magan, García-Ayuso aseguró que había detectado errores metodológicos e incoherencias en los análisis de KPMG. Un ejemplo: al contabilizar los futuros beneficios al final de cada año, el valor de la compañía caía, pues debían ser previstas para la mitad de cada ejercicio para que no tuvieran influencia contable. Otro: el informe recortaba las previsiones de las ganancias de las nuevas tiendas. Y un tercero: no tiene sentido infravalorar la mitad a vender al no tener que pagar una prima por controlar la entidad.

Con las correcciones realizadas por el perito sobre la auditoría de la consultora con sede en los Países Bajos, el precio de Bon Preu ascendería hasta los 900 millones de euros. Gracias a la escalada, la distancia con el informe de Grant Thornton se reduciría y ambas serían consideradas válidas. De la media entre los dos estudios nacen los 497 millones de euros que solicita ahora Josep Font frente a los 530,65 millones más intereses exigidos hasta el momento.

Sin embargo, la respuesta que puso en juego el letrado Alfonso Maristany, de Rousaud Costas Duran, en nombre del presidente del grupo de distribución fue la incapacidad de la compañía para hacer frente a una cantidad de tal calibre. «Pagar 500 millones de euros podría llevar al concurso de acreedores a una empresa con más de 5.000 trabajadores», advirtió a la magistrada Marta Cervera.

La juez ya dio pistas de su posición en las diligencias previas

Como ya explicó Economía Digital, la juez ya desestimó las anteriores demandas de Josep Font​, que pedía frenar las gestiones de su pariente para partir la sociedad. De hecho, ya existe un boceto de la división depositado ante un notario en Vic (Barcelona) que separa los activos en tres partes: una para los servicios centrales y dos para las gasolineras y los supermercados.

Hizo así oídos sordos a las peticiones de Espai d’Inversions, la patrimonial del vicepresidente, que pedía «el cese de cualquier actuación» realizada por Bon Preu o Baloo d’Inversions, la patrimonial de Joan, para trocear el grupo. También solicitaba que ninguna de las dos pudiera destinar recursos al fraccionamiento y que se comunicara a los notarios y firmas de abogados a los que se hubiera encargado el proceso que terminaran con sus actividades. Ninguna de las quejas fue escuchada.

La interpretación de los estatutos de Bon Preu

El conflicto en los tribunales parte de una diferente interpretación del artículo 35 de los estatutos de la compañía. Los supermercados catalanes tienen una cláusula para actuar en el caso de que los dos accionistas voten repetidamente en sentido contrario sobre asuntos claves. Si en 20 días no hay un acuerdo, se abre la posibilidad del derecho de separación. Uno de los socios podrá exigir al otro que compre su parte.

Para ello, ambos encargarán una valoración a un auditor independiente para estimar el precio, que saldrá de la media de las dos tasaciones siempre que no estén separadas por más de un 25%. De estar muy alejadas, podrán solicitar una segunda opinión a otra firma. El siguiente mecanismo es la partición.

«Al haber una diferencia superior al 25% en las valoraciones estamos ante la existencia de una irregularidad que invalida las valoraciones, que no pueden tomarse en cuenta», señaló la magistrada. Y zanjó: «Lo que está claro es que no puede hacerse una tercera o cuarta ronda de valoraciones, pues el espíritu de la cláusula es resolver el conflicto y no caer en una espiral absurda que lo perpetúa». «La lógica obliga a avanzar con el siguiente mecanismo», terminó.